Manuel Fumagalli señala que restablecer el orden por parte del Estado no significa transgredir los derechos humanos.(Foto: GEC)
Manuel Fumagalli señala que restablecer el orden por parte del Estado no significa transgredir los derechos humanos.(Foto: GEC)

Si bien ayer ante el Congreso el ministro de Economía, Carlos Oliva, afirmó que las protestas contra el proyecto Tía María habrían tenido un impacto económico equivalente a S/250 millones, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Manuel Fumagalli, insistió que el impacto sólo en exportaciones de minerales no realizadas, llega a los US$500 millones.

“US$500 millones que es la cifra que representa las toneladas de exportación de cobre que no se pudieron sacar por el puerto de Matarani durante los días en que estuvo bloqueado el puerto, como la vía férrea y caminos, a razón de US$20 millones por dia, estas cifras las hemos recibido de nuestros asociados y con los niveles de producción que ellos tienen y que no han podido sacar”, aseveró.

En ese sentido, el dirigente empresarial pidió (al Gobierno) no minimizar el tema de la violencia y las amenazas, sino trabajar para restablecer el orden, pues hasta el momento aún se registran acciones violentas que se producen no sólo en Arequipa sino también en Moquegua, en este caso contra el proyecto Quellaveco.

Hoy, el presidente de la República, Martín Vizcarra, respondió los pedidos que hizo esta semana la Confiep para restablecer el orden y el Estado de derecho en el sur, y replicó que hacer respetar el estado de derecho, por las protestas en contra del proyecto minero Tía María, no debe significar “sacar un proyecto a sangre y fuego”.

Por su parte, el presidente de la SNMPE afirmó que el restablecer el orden no significa transgredir los derechos humanos.

“Esperamos que se restablezca el orden, la ley es igual para todos, para tener una situación completamente normal en el sur. Esto se replica en Moquegua, han soldado una barrera en un puente (en la ruta de acceso a Quellaveco), eso no se puede permitir en un estado de derecho en donde el libre transito es un derecho de todos, que debe respetarse”, apuntó Fumagalli.