El 1 de noviembre el Gobierno de Dina Boluarte oficializó el proceso de modernización y reorganización del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). La iniciativa la había gestado Juan Carlos Castro, ministro del Ambiente, solo seis días antes, el 25 de octubre.
El decreto supremo incluye la creación de una Comisión Reorganizadora que estaría presidida por Edgar Romero, viceministro de Gestión Ambiental, durante 90 días hábiles. La finalidad, de acuerdo con la misiva, es agilizar la evaluación de los informes técnicos que ingresan bajo su lupa.
Las opiniones al respecto son diversas. Hay quienes detectan esta decisión como un golpe a la autonomía de un grupo de trabajo que, sin intereses políticos, gestiona los certificados de impacto ambiental. No obstante, hay quieres la consideran como una oportunidad para reducir los tiempos en las evaluaciones. Este último panorama ocurre en el sector minero.
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Factor tiempo
El ministro en turno, Juan Carlos Castro Vargas, defendió la medida ante la prensa nacional bajo el argumento de que desde 2016 hasta la fecha, de los 1,751 expedientes aprobados, solo el 14.4% figura dentro del plazo establecido.
“Se habla mucho de que se está perdiendo la institucionalidad ambiental, pero toda modernización apunta a mejorar, no a retroceder. El Ministerio del Ambiente se ha dado cuenta de que necesitamos mejorar la gestión ambiental en nuestro país”, aseguró.
También describió que se requiere una entidad encargada fuerte, líder y cuyos trabajadores manejen criterios de evaluación de calidad.
Sobre la calidad, Alberto Barandiarán, expresidente del Senace, puntualizó que no era necesario un proceso de reorganización. “Senace viene aplicando desde diciembre del 2015 un nuevo modelo de gestión ambiental [...] Más que una reorganización, lo que requiere es una serie de soporte, de ayuda, que pasa primero por un incremento de presupuesto. Los recursos no son suficientes en la medida en que Senace asume funciones de otros ministerios sin que se le transfiera también recursos presupuestales”, agregó.
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El factor tiempo tiene una explicación, de acuerdo con la exautoridad: “Veo algún porcentaje que puede ser responsabilidad de la propia entidad; pero, en la mayoría de los casos, las demoras obedecen a otros factores. Uno de ellos es la calidad de los instrumentos ambientales que se presentan ante Senace”.
Detalla que esta característica genera una serie de rondas de presentación de información complementaria para levantar las observaciones que realiza tanto Senace como los opinantes técnicos. Esta dinámica conlleva un tiempo extra para la revisión, de tal manera que no se pueden cumplir con los plazos.
A ello se suma, según Barandiarán, la falta de acción de algunos opinantes. “No presentan sus opiniones técnicas dentro de los plazos que establece la norma. Es el caso del ANA, que tiene un récord importante de opinión entregada fuera de tiempo”.
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El reloj en el rubro minero
Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, califica los procesos burocráticos de este sector como demasiado lentos, y expresa su deseo de que, con las reformas en el Senace, la situación cambie. Y no se trata solo del “desgaste de un reloj”, sino de que se queda en el camino la voluntad de las empresas inversoras.
“Los procesos de aprobación extienden las aceptaciones de un proyecto por muchos años; entonces, estos se enfrían y no terminan saliendo. Cuando viene una entidad y quiere hacer una inversión, antes de operar —incluso de poder hacer las exploraciones— requiere tener los permisos ambientales, los instrumentos ambientales. Si los instrumentos ambientales se demoran, la compañía prefiere ir por otro (proyecto)”, pormenoriza.
Indica que se trata de una pérdida para el país porque el retraso anula vínculos con compañías de talla mundial. “Un proyecto minero que se demora por los permisos estatales hace que no sea tan atractivo para la inversión”, concluye.
Coincide con el extitular el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez. “El proceso es engorroso, reiterativo, tarda demasiado tiempo. Uno comenzaba por hacer una preevaluación en contacto con los evaluadores del Senace antes de presentar los expedientes; más o menos como trabajarlo con un asesor de tesis. Pero, una vez que se presentaba el expediente volvían a hacer todo como si nada hubiera ocurrido”, expresa con disgusto.
A pesar de esta realidad, aclara que cuando Senace se creó le pareció una idea estupenda: “Con quien lo creó, el ministro Manuel Pulgar-Vidal, concordamos en que el proceso sería ese, el de contar con un asesor de ‘tesis’ (como figura retórica) para que los estudios de impacto ambiental fluyan”.
Poco duró la expectativa porque “se empezó a llenar de gente que tenía criterios dispares, que no se alineaban y que adoptaron una actitud burocrática; y los proyectos no avanzaban. Eso es inaceptable”, puntualiza.
Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.
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