Entre los años 2009 y 2018, el nivel de ejecución promedio de los recursos presupuestados de canon, sobrecanon y regalías que aportaron la minería y los hidrocarburos, alcanzó el 66% en promedio por el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales y locales, pero éste año, el nivel de ejecución se ha ralentizado.
Al 5 de noviembre último, el nivel de ejecución promedio de los mencionados recursos alcanzó sólo el 48%, alcanzando en el desagregado cifras aún menores en regiones mineras, como Ancash, que apenas gastó el 37%, o La Libertad, con el 42%, mientras que Arequipa ejecutó el 53%, Moquegua el 54% y Tacna el 45%, según cifras que dio a conocer la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en base a cifras del MEF.
El director de la SNMPE, Pablo de la Flor, señaló que, producto del desarrollo de los sectores minero y de hidrocarburos, los gobiernos regionales y locales recibieron 64,600 millones de soles por concepto de canon y regalías entre los años 2009 – 2018.
Al presentar cifras actualizadas del estudio “El canon, sobrecanon y las regalías en el Perú”, explicó que del monto total (S/. 64,600 millones), S/. 31,379 millones correspondieron a canon minero, S/. 16,803 millones a canon gasífero, S/. 8,784 millones a canon y sobrecanon petrolero; y S/. 7,592 millones a regalías mineras.
El representante de la SNMPE señaló que -en los últimos 10 años- el 26% de los presupuestos de los gobiernos subnacionales fue financiado -en promedio- con los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías.
En esa línea –añadió- el aporte para los presupuestos fue mayor en regiones como Cusco (53%), Tacna (50%), Moquegua (49%) y Ancash (45%), lo que muestra la importancia de la contribución de los sectores minero e hidrocarburos en el desarrollo de diferentes zonas del Perú.
Asimismo, dio a conocer que de la inversión total realizada por el Estado peruano en sus tres niveles de gobierno (central, regional y local) en el período 2009 – 2018, el 20% fue financiado con los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías.
“Utilizando estos fondos, el Estado pudo financiar obras en sectores como el agropecuario (29%), educación (23%), saneamiento (21%) y transporte (13%). Estas cifras muestran el aporte de la minería y los hidrocarburos para generar oportunidades de progreso y el cierre de brechas de infraestructura y sociales”, manifestó.
De la Flor señaló que para garantizar el impacto positivo de la minería y los hidrocarburos sobre el desarrollo económico local y regional, es indispensable fortalecer la gestión de las autoridades regionales y municipales, de modo que se mejore la calidad y eficiencia de la inversión pública que se sustenta con los recursos del canon.
Al respecto, indicó que -en los últimos 10 años- los gobiernos regionales y municipales han ejecutado en promedio el 66% de los recursos presupuestados con fondos del canon, sobrecanon y regalías. Objetó que los niveles de ejecución en lo que va del año (al 5 de noviembre) sean aún más bajos y bordeen apenas el 48%.
Resaltó que, en cuanto al uso de estos recursos por parte de dichos gobiernos, más del 50% de lo ejecutado corresponde a proyectos de transporte, planeamiento y educación. En algunos casos, esta priorización de gasto no se condice totalmente con las brechas de desarrollo de las regiones.
En ese contexto, explicó que si Loreto, por ejemplo, hubiera invertido la mitad del canon y sobrecanon petrolero que recibió entre el 2013 y 2018 (S/. 505 millones) en obras de acceso a agua potable, hoy cerca del 80% de su población podría estar contando con este servicio básico (actualmente ese nivel es menor al 60%).
De igual forma –anotó- en la actualidad, cerca del 70% de la población de Cajamarca podría estar accediendo a saneamiento por red pública, si la región hubiera invertido en ese rubro la mitad del canon y regalías que percibió en el período 2011 – 2018 (S/.1,506 millones). El nivel actual de acceso ronda el 50%.
El director ejecutivo de la SNMPE expresó que urge perfeccionar el funcionamiento del canon, a fin de asegurar que estos recursos contribuyan a cerrar las brechas sociales y de infraestructura que el país arrastra por varias décadas.
“Tenemos que asegurar el uso adecuado de estos recursos, priorizando sobre todo el bienestar de las comunidades y centros poblados más próximos a las operaciones minero-energéticas. Ello pasa por incorporar medidas que fomenten el cierre de brechas sociales básicas y la generación de capacidades productivas; estableciendo mecanismos de seguimiento y control que le den más transparencia a las inversiones y las blinden contra la corrupción”, puntualizó.