Perupetro rechazó las acusaciones de Pluspetrol Norte (PPN) e instó al Poder Judicial a admitir con celeridad la medida cautelar solicitada el 05 de abril, a fin de suspender el proceso de liquidación de dicha empresa, para impedir que evada sus obligaciones contractuales y que -mediante su liquidación arbitraria- eluda sus obligaciones legales de remediación ambiental y sus compromisos sociales con las comunidades en el Lote 8 (Loreto).
“No se puede permitir que una empresa patee el tablero y se liquide sin asumir las obligaciones establecidas en un contrato ley y en las normas ambientales, faltando poco tiempo para la terminación de su contrato de licencia en el Lote 8, queriendo trasladar todas sus responsabilidades a Perupetro y al Estado peruano luego de casi 25 años de aprovechamiento del lote”, indicó.
En esa línea, advirtió que Pluspetrol Norte (PPN) ha iniciado una campaña de desinformación tratando de confundir deliberadamente a la opinión pública, basado en una lectura incorrecta de un laudo arbitral de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (Laudo CIAC) del 2017 aplicable solo al Lote 1 AB (hoy Lote 192), el mismo que fue contrario a las pretensiones de la empresa y en el que se establece claramente que debe cumplir con toda la normatividad ambiental del país.
“Ello con el único fin de evadir sus obligaciones de abandono y remediación ambiental determinadas por la autoridad competente (OEFA) en el Lote 8, y buscando terminar unilateralmente el Contrato de Licencia del referido lote, cuyo vencimiento está estipulado recién en el año 2024″, refirió la estatal.
El objetivo de PPN -indicó- al acordar arbitraria y unilateralmente su propia liquidación, “es evadir el costo de las remediaciones ambientales de los Lotes 8 y 1-AB (hoy Lote 192), estimadas por el OEFA en US$ 379 millones aproximadamente”.
Así como el pago de las multas por el incumplimiento de sus obligaciones ambientales.
Perupetro dijo que terminar el contrato del Lote 8 de manera unilateral, como pretende hacerlo PPN, significará un gasto para el Estado no menor a US$1 millón mensuales, además de dejar de percibir ingresos por regalías y canon por cerca de US$ 50 millones.
“También es falso que no haya inversionistas interesados en el país, como pretende hacer creer PPN. Sin embargo, la asignación de un nuevo operador para el Lote 8 requiere la realización de un proceso de Consulta Previa, que tomaría alrededor de un año dada la complejidad logística y las actuales condiciones sanitarias del país”, refirió.
Ante esta situación, ha solicitado una medida cautelar para suspender el proceso de liquidación de PPN, y mantener vigente el Contrato de Licencia, a fin de que PPN cumpla con sus obligaciones contractuales.
“El Perú necesita de inversiones responsables con el medio ambiente y las comunidades ubicadas en su entorno, que respeten las condiciones establecidas en los Contratos Ley y sobre todo que cumplan las normas legales, por esta razón, instamos al Poder Judicial a admitir con celeridad la medida cautelar para que PPN no se liquide sin cumplir con sus obligaciones contractuales y se evite que PPN evada el cumplimiento de sus obligaciones legales de remediación ambiental producto de sus operaciones en el Lote 8”, resaltó.