La Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras) propuso que Petroperú sea sometida a un procedimiento concursal, a fin de que sus acreedores –muchos de ellos asociados a las cámaras de comercio regionales–, puedan recuperar los créditos otorgados a dicha empresa estatal garantizando la continuidad de sus operaciones.
El presidente de Perucámaras, Óscar Zapata Alcázar, sostuvo que “el procedimiento concursal representa un ambiente idóneo para que acreedores y deudores negocien entre sí; luego de lo cual la Junta de Acreedores podría optar por la reestructuración de la empresa, con la consiguiente permanencia de la unidad productiva, o decidir su disolución y liquidación en marcha”.
Explicó que Petroperú es una empresa de derecho público con personería jurídica de derecho privado, organizada para funcionar como sociedad anónima, por lo que, como tal, puede ser objeto de disolución y liquidación, procedimiento que determinaría su extinción, a diferencia de los entes de derecho público que solo se extinguen por ley.
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Zapata recordó que Petroperú cerró el 2023 con una pérdida de US$ 824 millones y se prevé que, para fines de este año, su déficit rondará los US$ 673 millones.
Además, las clasificadoras internacionales de riesgo como Fitch Ratings y Standard & Poor’s han reducido su calificación crediticia.
El representante gremial refirió que la situación actual de la petrolera estatal perjudica gravemente a los proveedores nacionales, como el caso de los que trabajan con la refinería de Talara, de la cual depende el 75% de la economía de esa provincia.
Consideró que, desde que se puso en operación dicha planta y a pesar de haberse iniciado un proceso de reestructuración no concursal, los resultados no han sido efectivos, tanto desde la perspectiva del recorte de gastos como de la transparencia de las cifras de deuda a los proveedores nacionales e internacionales.
“En Talara, hoy en día Petroperú paga las facturas de sus proveedores en 120 días, cuando debería hacerlo en 15 días. Esto provoca un grave deterioro en el capital de trabajo de dichos proveedores, quienes para posibilitarse liquidez han acudido al ‘factoring´ de sus cuentas por cobrar, a tasas de interés que deterioran dramáticamente su utilidad”, manifestó.
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Refirió que algunos de los operadores – incluidos los bancos- ya no desean factorizar las deudas de Petroperú, debido al alto riesgo que suponen.
“Ante esta situación, la refinería de Talara se quedaría sin proveeduría de bienes y servicios. A esto se suma que la unidad de flexicoking de la nueva refinería presenta problemas en sus operaciones desde el pasado 8 de febrero; razón por la cual ha paralizado durante un período estimado de 90 días a partir del 30 de marzo, que se proyecta se convertirán en 180 días para lograr garantizar su continuidad y confiabilidad operativa”, subrayó.
Añadió que un porcentaje importantísimo de la utilidad de la refinería la genera justamente la planta de flexicoking, de manera que, de considerarse su paralización por 180 días, las utilidades que se proyectó para iniciar el repago del financiamiento se han extinguido, por lo que necesitará -una vez más- apoyo del Estado para poder enfrentarlo.