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El documento presentado por la Defensoría del Pueblo, denominado “El Caso de la Concesión de Vías Nuevas de Lima y la Afectación al Interés Público: Una Aproximación a partir de la Vulneración de los Derechos Fundamentales”, concluyó, entre otros, que el contrato suscrito entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y Rutas de Lima S. A. C., es lesiva y afecta el interés público.
En el documento se analiza la inexistencia de una vía alterna a la unidad de peaje Chillón (en el sentido Lima – Norte) y la prohibición de su instalación, “lo cual vulnera el derecho al libre tránsito”.
También analiza la aplicación del redondeo en las tarifas a favor de la empresa, lo cual afecta los derechos de los usuarios y vulnera el derecho de propiedad. Todo ello se encuentra expresamente prohibido por la Constitución Política y el marco legal vigente.
La Defensoría ha constatado que el redondeo aplicado a las tarifas de peaje, ilegalmente pactado en el contrato, ha perjudicado a los usuarios, favoreciendo a Rutas de Lima con una recaudación adicional de más de S/ 7 millones, en desmedro del derecho de propiedad y rompiendo el principio de defensa de los consumidores.
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En ese sentido, ha recomendado al Congreso de la República modificar el Decreto Legislativo n.° 1362, que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos, para que se incorpore en los procesos de elaboración y ejecución de los contratos de concesión, mecanismos de participación ciudadana y de evaluaciones con enfoque de derechos, así como prohibir que cualquier contrato suscrito mediante APP restrinja el ejercicio de atribuciones propias del Estado, especialmente la construcción, mejoramiento, habilitación o rehabilitación de infraestructura pública.
Durante la presentación del documento, cuya elaboración se hizo con el concurso de las adjuntías de Servicios Públicos, Asuntos Constitucionales y Lucha contra la Corrupción, se explicaron estas afectaciones que se generaron por la inclusión ilegal de una nueva unidad de peaje en la carretera Panamericana Norte, conocida como el nuevo peaje Chillón, sentido Lima-Norte; así como por el pacto de redondeo de la tarifa de peaje en perjuicio del usuario.
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El año 2017 se produjeron protestas en la zona que solo cesaron con la suspensión de la nueva unidad de peaje Chillón. Esta decisión de la comuna ha generado una deuda económica a la Municipalidad Metropolitana de Lima con el concesionario, superior a los 216 millones de soles, que se incrementará mensualmente hasta el fin de la concesión en el año 2046, menoscabando el presupuesto municipal y la atención de otras necesidades de la comuna.
La institución enfatizó que ni el contrato ni su ejecución han establecido como premisa el bien común, la dignidad humana, los principios democráticos, la convivencia pluralista o los derechos fundamentales de las personas. Por lo que es de vital importancia encontrar una salida conjunta dentro de los márgenes que la Ley provee.
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