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Tras el periodo crítico de la pandemia se estima que solo queden dos millones de micro y pequeñas empresas (mypes) las que, a su vez, han registrado una caída de 59.2% en sus ventas durante el 2020. Está situación que afecta su liquidez podría mitigarse de reducirse el tiempo en el cumplimiento del pago de sus facturas y esta es una de las iniciativas que analizaría la Comisión de Economía del Congreso de la Republica la próxima semana.
La iniciativa, presentada por el congresista Carlos Anderson, de Podemos Perú, busca que las facturas y recibos por honorarios presentadas por las mypes al sector privado y entidades estatales sean canceladas en un plazo máximo de 30 días calendario desde el momento de su conformidad. Caso contrario, se generaría una mora que sería calculada en base a una tasa de interés establecida por el Banco Central de Reserva (BCR).
Según Daniel Hermoza de la Asociación Mypes Unidas, actualmente el plazo de pago en el Estado demora hasta 45 días pero también pueden ser no pagadas y dichas facturas se vuelven devengadas.
Aunque no hay una estimación actual respecto a cuánto ascenderían las deudas del Estado con las mypes, indica que “son cientos de casos que la asociación tiene registrados. Son montos por S/ 7,000 o S/ 15,000 que muchos microempresarios dejan pasar porque más caro les sale ir a juicio” explica.
En ese sentido, señala que la propuesta de Anderson los beneficiaria en caso de las ventas al Sector Público aunque el impacto sería poco considerando que de los dos millones de mypes, menos del 5% vende al Estado. Sin embargo, en el sector privado -señala- podría afectar la libertad de negociación al momento de hacer las proformas.
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“En muchos casos uno presenta su propuesta a precios competitivos pero si la empresa que adquiere ve que existe otra proforma con la posibilidad de pagar en 90 días o más te pedirán que reformules tu propuesta para ser seleccionado. Aunque en los casos que acepten un pago en 30 días y luego quieran extenderlo una ley como lo que propone el congresista Anderson podría ayudarnos a respaldarnos” , comentó.
A ello, se sumaria que por el actual contexto de la pandemia y la crisis política, y la consecuente lenta reactivación en algunos sectores, está posibilidad pueda presentarse como negativa. Según el gremio, las mypes dedicadas a productos para el sector educación, turístico, de servicios y hotelero podrían ser afectadas por la medida. “No puedes obligarlas a pagarles en determinadas fechas porque estos sectores a las justas se están reactivando”, anota.
Cabe señalar que recientemente el Poder Ejecutivo publicó el reglamento de la Ley de Factoring que también busca dinamizar a las mypes con liquidez en menor tiempo. Sin embargo, de acuerdo a Hermoza hay empresas que pese a ser grandes corporaciones no aceptan este mecanismo, incluso en el Estado tampoco hay una experiencia usando está nueva herramienta de financiamiento.
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“Las empresas de factoring, las que otorgan este financiamiento, normalmente piden requisitos que solo pueden cumplir las empresas ‘rankeadas’, pero si hago negocio entre pares, es decir mype con mype, la probabilidad de hace factoring es casi imposible”, advirtió.
En ese sentido, sugirió a la las comisiones de Economía y de Producción del Congreso llamar a todas las asociaciones de mypes para que den su punto de vista a fin de generar leyes con impacto. Una misma exhortación hizo al Poder Ejecutivo pues, desde su punto de vista, ha olvidado a las mypes para concentrarse en su agenda de Asamblea Constituyente.
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