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La inversión pública ascendió a S/ 6,057 millones en el primer trimestre, monto menor al registrado en el mismo periodo el año pasado (-12.6%).
Para recuperar el ritmo de crecimiento es necesario reducir al mínimo posible las demoras en las adjudicaciones de nuevos proyectos. Veamos que dice el Índice Regional de Gestión Pública trimestral (IRGP) del Consejo Privado de Competitividad (CPC) sobre los retrasos entre la convocatoria y la buena pro en las inversiones de gobiernos subnacionales.
“Los resultados muestran que, en promedio, los gobiernos regionales y locales tardan casi el doble de lo planificado en otorgar la buena pro a un proyecto. En algunos casos, las demoras son hasta tres veces en algunos gobiernos regionales y locales, resultado ligeramente mejor al primer trimestre de 2021 en el caso de los gobiernos regionales, pero similar en el caso de los locales”, refiere el CPC.
Gobiernos subnacionales
Con respecto a los gobiernos locales, se tarda en promedio siete días (43% más) en otorgar la buena pro en relación a lo programado. Esto implica un mayor nivel de retraso en relación al primer trimestre de 2021, cuando los retrasos ascendieron a 30%.
Las municipalidades de Puno presentaban el mayor retraso, de casi tres veces el tiempo previsto inicialmente (290%) en un proyecto que ya había sido adjudicado. A esta le siguen Ica (96%) y Cajamarca (91%) .
En los gobiernos regionales, durante el primer trimestre solo los proyectos de 13 regiones cumplieron con las condiciones de análisis, tardando en promedio 11 días (44%) en otorgar la buena pro en relación a lo programado.
Puno presentó el mayor retraso (214%) en un proyecto que todavía no había sido adjudicado. A este le siguen Loreto (81%) y Huánuco (71%).
Proceso especial de contratación
Propuesta. Desde el Consejo Privado de Competitividad se plantea, entre otros: fomentar el uso del proceso especial de contratación (PEC) de la Reconstrucción con Cambios para los proyectos de gobiernos subnacionales, cuyo financiamiento provenga de cualquier fuente, ya que, según un análisis del CPC, reduce tiempos de adjudicación de proyectos hasta en un 57.4% (de 54 a 23 días) con respecto a la modalidad de licitación pública, detalla el IRGP.
