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Los precios de los metales por las nubes y una inflación general acelerada intensifican el asunto del nacionalismo de los recursos y la agitación social en Perú, uno de los principales proveedores de cobre, zinc y plata.
A partir del miércoles, alrededor de una quinta parte de la producción de cobre del país estará fuera de línea cuando la mina Las Bambas de MMG Ltd se una a Cuajone de Southern Copper Corp. para ceder a las protestas de la comunidad.
Al mismo tiempo, los sindicatos de la región de Cusco, rica en minerales, están organizando huelgas contra el aumento de los precios, mientras que los residentes que están cerca de una mina de cobre de Glencore Plc se preparan para reanudar las protestas.
Sin duda, los conflictos comunitarios no son nada nuevo en Perú y algunos de los disturbios actuales se deben más a la protección de los suministros de agua que a apoderarse de una mayor parte del botín mineral.
Pero es inusual que simultáneamente más de una mina de cobre importante esté fuera de servicio, y esta vez las protestas mineras están integradas en una inconformidad más generalizada sobre el costo de vida que ha exacerbado un clima político ya tenso bajo el mandato del presidente Pedro Castillo. Desde que el ex militante rural de un partido marxista asumió el cargo, el número de conflictos sociales ha aumentado un 7%.
Mientras que los legisladores discuten medidas para apaciguar la ansiedad de la población por la inflación más acelerada en 24 años, el cuerpo político mira hacia la industria minera para ayudar a respaldar el proyecto.
El martes, Pedro Francke, ex ministro de Economía y Finanzas de Castillo, dijo que se podrían agregar más de US$ 1,000 millones a las arcas del Estado con un modesto aumento de los impuestos a la minería. Otros han aprovechado las tensiones para insistir en medidas más drásticas. Vladimir Cerrón, fundador del propio partido de Castillo, escribió en Twitter que la nacionalización de los recursos estratégicos es la piedra angular del desarrollo de un país.
El presidente, que ha logrado esquivar dos intentos de moción de vacancia desde que asumió el cargo en julio, es criticado tanto por la industria minera como por algunos grupos comunitarios.
El director financiero de Southern Peru, Raúl Jacob, dijo esta semana que el diálogo en Cuajone no había avanzado mucho en medio de “cierta pasividad” del Gobierno para resolver los conflictos.
La industria atribuye parte de la culpa del aumento de los disturbios a que la Administración priorizó el derecho a protestar sobre otras preocupaciones, como el libre tránsito. En áreas aisladas con servicios e infraestructura deficientes, las minas pueden convertirse de facto en Gobiernos locales y, por lo tanto, en un blanco fácil para toda queja.
Pero Castillo está en la cuerda floja. Después de suavizar su tono sobre el nacionalismo de los recursos para apaciguar a las facciones más moderadas, luchó por mantener el apoyo de las facciones más duras de su partido y de los votantes rurales que lo pusieron en el poder.
Carlos Hanco, secretario de Juventudes de la Coordinadora Nacional de Usuarios del Gas en Cusco, figura entre los líderes que presionan para que se revisen los contratos de gas natural, minerales y agua. Sus quejas están dirigidas tanto al Gobierno como a los legisladores.
Hanco comentó que exigin que el Gobierno de Castillo cumpla con las promesas de campaña y que el Congreso deje de ser golpista y trabaje por las necesidades de la gente.
