MTC: Hay riesgos en tarifas de Internet si se sube velocidad mínima a 90% de lo ofrecido

¿Qué efectos tendría esta medida? Para responder esta consulta desde la Comisión de Transporte y Comunicaciones del parlamento -desarrollada en la víspera- se escuchó la posición del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Osiptel y de AFIN.

José Aguilar, director general de la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones del MTC, explicó que de aprobarse el aumento de la velocidad mínima, está debería darse de forma gradual y no en el plazo propuesto (60 días hábiles) para que las operadoras tengan espacio para mayores inversiones en infraestructura de telecomunicaciones.

“Mayores inversiones conllevaría al incremento de tarifas. Ante lo cual, los usuarios asumirían esos costos”, acotó.

Anotó que otro efecto que tendría esta medida es que para cumplir con la normativa, las empresas de telecomunicaciones podrían reducir las velocidades que ofertan situación que perjudicaría a los usuarios del servicio de internet fijo y móvil.

“Asimismo se pondría en riesgo el acceso a servicios de mayor velocidad y calidad”, añadió.

Otro de los efectos que tendría la propuesta -explicó el funcionario- es que su puesta en marcha implicaría una vulneración del artículo 62 de la Constitución Política, que prohíbe la modificación legislativa de los términos contractuales, lo que implica en la práctica que no podría variarse los contratos suscritos con las operadoras del servicio.

En tanto que el articulo 103 de la Constitución también impediría su aplicación -de acuerdo al MTC- en la que se establece que ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo.

Desde el MTC se planteó un incremento gradual del porcentaje mínimo garantizado del servicio de internet fijo y móvil a 85% en tres años, que daría un margen suficiente a las empresas operadoras y a los usuarios para acoplarse a las exigencias que demandaría un aumento de la velocidad como el despliegue de mayor infraestructura. (Ver cuadro)

-La posición del regulador-

Rafael Muente, presidente del Osiptel, en tanto consideró que la regulación no tendrá el impacto que se busca como es el de garantizar una velocidad mínima de 90%.

Para tal efecto recordó que la velocidad comercial del servicio de internet móvil se contrajo en el 2014 cuando se impuso la exigencia de garantizar una velocidad mínima de 40%.

“Para el 2015, Telefónica redujo su velocidad de 20 Mbps a 5 Mbps; mientras que Claro de 12 Mbps a 3Mbps y Bitel de 3 Mbps a 2 Mbps. Recién el 2018 (tres años después) las operadoras móviles retomaron las velocidades nominales similares al 2014″, subrayó. (Ver cuadro)

Ante ello consideró que un eventual incremento de la velocidad mínima garantizada del acceso a Internet de banda ancha podría generar un escenario similar al observado el 2014, en donde las velocidades nominales de internet móvil ofrecidas por las operadoras disminuyeron.

“Lo que podría ocurrir es que las empresas bajan las prestaciones que realizan a los usuarios para cumplir con la nueva exigencia, tomando en cuenta que la nueva exigencia de velocidad no está acorde con la infraestructura actual (ante el déficit de antenas que bordea las 30,000) lo que va a generar un retraso en el desarrollo de la Internet en el Perú”, aseguró.

Otro de los efectos que tendría la propuesta de Podemos es que podría constituirse en una barrera de entrada de nuevas inversiones.

“Se generaría efectos adversos en la competencia: potenciales operadores que desean ingresar a al mercado tendrían que realizar mayores inversiones a efectos de cumplir con la exigencia propuesta. Lo que generaría que solo algunos operadores puedan competir en el mercado”.

También -refirió Muente- existe el riesgo de limitar la cobertura del servicio de acceso a internet de banda ancha solo a aquellos lugares donde existan redes de transporte de alta capacidad que permitan la provisión del referido servicio de acuerdo al estándar propuesto en la fórmula legislativa.

“Existen regiones en las que, dadas sus características geográficas y disponibilidad de redes, no se podrá prestar el servicio de acceso a internet bajo los nuevos estándares”, afirmó.

-AFIN-

Leonie Roca, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), consideró que la propuesta legislativa de la bancada de Podemos no resuelve la falta de conectividad que aún persiste en el territorio nacional.

“No estamos de acuerdo con la proyecto de ley. No obstante, si el Congreso continúa con su aprobación, si hay cuatro elementos claves que son necesarios incorporar”, apuntó.

El primero -dijo- es la progresividad tomando en cuenta que la propuesta plantea un tiempo de 60 días hábiles para garantizar una velocidad de 90%. “Habría que construir las redes de telecomunicaciones para cumplir con la exigencia”.

Lo segundo -afirmó- es que se haga referencias a velocidades promedios. El tercer punto está referido a que la normativa se haga efectiva para los nuevos planes tarifarios debido a que las normas en Perú no son retroactivas.

El cuarto punto -acotó- es que la nueva exigencia tenga relación con la tecnología más moderna.

“No tiene sentido seguir invirtiendo cientos de millones de dólares en tecnologías que van a ser dejados de lado prontamente. Restringir la aplicación de la normas en tecnología 4G en adelante, nos parece fundamental”, puntualizó.

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