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Pese a que los relaves de la unidad minera Arasi -de la empresa Aruntani-, contaminan actualmente con aguas ácidas desde el río Llallimayo a zonas urbanas en Ayaviri (Puno), el Ministerio de Energía y Minas (Minem) hasta ahora no tiene las herramientas para detener ese daño ambiental.
Así lo reconoció el viceministro de Minas, Jorge Luis Montero, ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que lo invitó para responder respecto a las acciones adopta el Ejecutivo para enfrentar la referida contaminación, la cual, según ese grupo de trabajo, afecta a miles de ganaderos en la provincia de Melgar.
En su exposición, el viceministro afirmó que la citada unidad minera vierte 170 litros por segundo de aguas ácidas con metales pesados en disolución al río Llallimayo, que incluso afectan a la ciudad de Ayaviri, en la citada provincia, aunque indicó que, de la reunión que sostuvo con representantes de la empresa, no avizoran una solución inmediata.
“No podemos ingresar (a la mina) ni hacer una rehabilitación ambiental de emergencia para cortar el flujo de impactos de los componentes mineros contaminantes (...), no podemos hacer nada de eso, porque el marco normativo -para el cierre de minas- que tenemos no nos lo permite”, apuntó.
Explicó además que cuando ejecutaron la garantía financiera por incumplimiento del cierre de minas (de la empresa), la misma, que es de US$6.3 millones, no resulta suficiente para un cierre efectivo, y que para ello, se requeriría aprobar expedientes técnicos que estarían listos aún al 2023.
Una opción, anotó la autoridad, es lograr que el gobierno regional de Puno declare estado de emergencia ambiental o peligro inminente por contaminación de aguas, que permita generar el marco (legal) para atender esa situación, alternativa que ya coordinan con esa entidad.
La segunda acción que está en marcha, según indicó, es plantear solicitud a un juez mediante una medida de amparo que le ordene al Minem ingresar a la unidad minera Arasi y hacer obras de remediación fundamental en su planta de tratamiento de aguas ácidas y la canalización de las mismas.
No obstante, el viceministro de Minas reconoció también que la contaminación que involucra a la empresa Aruntani, no es un caso aislado, sino que el problema para el cierre de minas se presenta en varias partes del país, y podría ser creciente.
“Efectivamente, estas prácticas incompletas e inconclusas, mal gestionadas de los cierres de minas están generando problemas no solamente en esa unidad minera sino en muchas otras cuencas y ríos importantes del Perú”, advirtió.
La solución, anotó, es que el Congreso apruebe una nueva legislación para el cierre de minas, como la que está ya planteada en la citada comisión, y que disponer por ejemplo que la planificación para concluir la operación minera, se realice desde el inicio de actividades.
Tal iniciativa modifica la ley actual de cierre de minas, de forma que éste procedimiento incluya actividades de restauración para eliminar, mitigar y controlar efectos adversos al ambiente por residuos que deje la operación.
