El factoring es un mecanismo de financiamiento, y también de inversión, que hoy resuena en el público peruano, pero hasta hace solo una década la realidad era muy diferente, ¿cómo evolucionó el sector?
El mecanismo tiene su partida de nacimiento en 1988, cuando fue expresamente regulado por la legislación bancaria nacional con el Decreto Legislativo 469, como una operación permitida a las empresas del sistema financiero, en la modalidad de “financiamiento por medio de efectos por cobrar, facturas y warrants”, rememora el abogado especializado en derecho bancario, Rolando Castellares. Sin embargo, aún antes la SBS venía regulando esta modalidad de financiamiento, añade el experto.
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Así, comenzaron a efectuarse dichas operaciones, pero de forma limitada y solo con los bancos.
Luego, a finales de 1996 se emitió la ley general del sistema financiero, la ley 26702, en la que se crea como empresas especializadas de dicho sistema a las firmas de factoring.
En esa ley también se incluía a la denominada “factura conformada” como título valor que podía ser negociado.
Ese documento era lo más próximo a un instrumento que pudiera permitir a las empresas vender una promesa o compromiso de pago a cambio de liquidez inmediata.
Pero esa innovación tenía un problema: su poca practicidad.
Si una compañía quería vender una factura comercial, solo una vez que su cliente estaba dispuesto a pagar esa deuda, se emitía un nuevo documento, llamado factura conformada, que se negociaba en la Bolsa de Valores de Lima.
Ese instrumento, por ello, no caminó, por la complejidad de su uso. “Cuando ya tú tenías todo lo que se requería para negociar la factura, ya no tenía mucho sentido emitirla en la bolsa de valores”, refiere Ricardo Gallo, presidente de la Asociación Peruana de Factoring (Apefac).
Ricardo Gallo, presidente de Apefac
Otro hito se dio en 1998, cuando la SBS aprobó el primer reglamento de factoring, descuento y empresas de factoring.
Posteriormente, hubo otro esfuerzo para impulsar la negociación de facturas, con la ley del 2010 que convirtió la factura en un título valor, es decir, quedó establecido que el derecho de cobro del documento podía ser transferido a un tercero.
Para ello, se tomaron como referencia algunas ideas que se implementaron en Chile años atrás. Sin embargo, se mantuvo como premisa que la factura negociable era un documento separado de la factura comercial.
Posteriormente, en el 2014, con un Ministerio de la Producción liderado por Piero Ghezzi, se retomó la idea de impulsar el financiamiento a las pymes.
Tres claves
Así, en el 2015 se llevaron a cabo tres reformas fundamentales. La primera es que la Sunat obligó a las empresas a emitir “la cuarta copia” de la factura, para que esta pudiera funcionar como el documento negociable. Previamente, solo se disponía de tres copias: para el emisor, la Sunat y el pagador.
La segunda innovación clave fue permitir la creación de empresas con una categoría especial fuera del sistema financiero. Así, a dichas compañías se les permitiría negociar facturas de forma independiente, sin tener que estar autorizadas a recaudar fondos del público.
Es decir, esas empresas no debían seguir todos los procesos de la ley general de bancos, sino que los requisitos eran menores.
La tercera modificación importante fue la creación de las instituciones de cobranza y liquidación de valores (ICLV). Así, para el mercado del factoring esa función la cumple Cavali, a través de su plataforma Factrack.
Lo significativo de contar con un sistema descentralizado de ese tipo es que se puede ingresar, colocar un RUC y un número de la factura, e inmediatamente el interesado conocerá si es posible negociar el documento en cuestión.
“(Con la nueva normativa del 2015) se incorporaron nuevas empresas de factoring, o factores, que apoyaron el crecimiento y le dieron impulso a las mipymes a través de esta herramienta financiera”, manifestó Rafael Zorrilla, gerente general de Banpro Factoring.
En el 2020, se tomaron otras medidas relacionadas con el factoring, al recortarse el periodo en el que una empresa pagadora puede evaluar una factura a su nombre registrada en Cavali para su negociación.
Actualmente, el plazo es de ocho días calendario. Pasado ese lapso, si la compañía no se ha pronunciado, se asume la conformidad, es decir, la aceptación de la deuda es tácita. Ello también apunta a impulsar el mercado del factoring. Con estos cambios, el monto neto de facturas negociables en Cavali saltó de apenas S/ 229 millones en el 2015 a S/ 43,174 millones el año pasado.
El mercado de factoring ha venido creciendo en los últimos diez años. (Foto: Produce)
Un sector con desafíos
Un último cambio legal para el mercado de facturas negociables fue la incorporación hace solo unos meses de las empresas de factoring como sujetos obligados ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el fin de prevenir el lavado de activos.
Sin embargo, aún quedan retos, como la inclusión del Estado como pagador, o el evitar que algunas empresas condicionen a sus proveedores para no negociar sus facturas, dos aspectos cruciales entre otros que han venido siendo levantados por las firmas del sector. Dependera de las autoridades el poder recoger esas preocupaciones.
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Mercado
Si bien el mercado del factoring viene creciendo a dos dígitos, aún está lejos de ser un producto masivo. Al cierre del primer semestre del año, se registraron 54,660 proveedores que al menos alguna vez negociaron sus facturas con entidades de financ
iamiento, según Cavali. De ese total, precisan, 21,484 realizaron negociaciones entre enero y junio del 2025. Ello, en un país donde, según Produce, existen alrededor de 2.3 millones de mypes al cierre del 2024.
Empresas. Al cierre del primer semestre del año, se registraron 54,660 proveedores que al menos alguna vez negociaron sus facturas con entidades de financiamiento, según Cavali.
Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.
