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El pago de sueldos a favor de los trabajadores que conforman los grupos de riesgo frente al COVID-19, quienes reciben un sueldo aún si no realizan trabajo alguno, se ha vuelto insostenible, según el experto laboralista Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama y Christa Caro, asociada del estudio Amprimo.
Toyama comenta que las empresas se encuentran empleando a nuevos trabajadores para suplir el puesto de trabajadores que aún tienen en planilla y que generan gastos laborales, pese a no asistir al trabajo y que las empresas ya tienen más de 6 meses pagando sueldos a trabajadores, sin la posibilidad de enviarlos en licencias sin goce de haber o desvincularlos.
Es por esto que hoy, explica Toyama, existe una preocupación empresarial con relación al pago de salarios de los trabajadores en grupos de riesgo por COVID, por lo que se están considerando distintas propuestas que esperan el gobierno pueda atender.
-Propuestas-
“Se ha propuesto que se permita enviar a estos trabajadores en suspensión perfecta de labores y que el Estado lo subsidie”, informa Toyama, quien indica que existen empresas que tienen entre 50 a 100 trabajadores en el grupo de riesgo y que “no resulta razonable” que los empleadores sigan asumiendo este costo.
En ese sentido, Christa Caro, señala que se ha contemplado que el Estado considere que estos trabajadores “están incapacitadas para el trabajo” y que el Estado sea quien subsidie esta incapacidad, “como usualmente se hace”.
Toyama señala que también se ha propuesto la posibilidad de que se le reduzca el sueldo a los trabajadores afectados en un tercio y que “el gobierno pague un tercio del sueldo del trabajador, mientras que el empleador paga otro tercio”.
Caro señala que el gobierno debe tomar una medida de manera rápida ya que “la consulta recurrente de las empresas parece ser cómo poder cesar al trabajador de riesgo, porque las empresas ya están en su último aliento y buscan reducir costos innecesarios”.
Por lo tanto, la falta de acción del gobierno terminaría perjudicando a los trabajadores que buscó proteger.
-Antecedente-
El 16 de marzo, cuando comenzó el estado de emergencia sanitaria, el gobierno dispuso que las personas con mayor riesgo de contagio y mortalidad frente al COVID-19 (hipertensos, mayores de 65, obesos, entre otros) no debían ir a sus centros de trabajo, para evitar un posible contagio, y que sus empleadores debían pagar su sueldo completo, además de su CTS y gratificaciones, como si estuviese trabajando regularmente, por el resto del estado de emergencia.
Pese a que esta medida no parecía muy dañina en su momento, cuando se preveía que la pandemia duraría 15 días, la realidad es que la emergencia sanitaria ya se viene extendiendo por 6 meses, elevando el costo de esta disposición a niveles más altos de lo previsto.
-El dato-
350 mil trabajadores están en grupos de riesgos señala Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama. Comenta que las empresas más grandes tienen entre 50 a 100 trabajadores con esta condición de riego frente al covid-19.
