En Perú, de acuerdo a la Ley N° 29973 (Ley de la persona con discapacidad), las entidades públicas se encuentran obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no menor al 5% de la totalidad de su personal.
Dicha ley fue emitida en el año 2012 y dos años más tarde, en el 2014, se publicó su reglamento en el cual se establecía la fiscalización al cumplimiento de esta cuota laboral. Sin embargo, la fiscalización en la práctica no se realizó puesto que todos los procesos administrativos sancionadores fueron impugnados, explica a Gestión.pe el presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), Marco Antonio Gamarra.
Explica que al iniciar su gestión, en julio del 2020, se evaluaron dichos procesos y se encontraron inconsistencias, las mismas que luego de fueron abarcadas.
Así, a partir del año 2021 todas las sanciones se hicieron efectivas, aplicando multas a las entidades que incumplieron la cuota de empleo, así como otras infracciones.
Los resultados
¿Cuál fue el resultado de las fiscalizaciones en lo que va del 2022? El reporte del Conadis muestra que 44 entidades cometieron infracciones consideradas muy graves contra las personas con discapacidad, por las cuales se les aplicó una multa en conjunto por un total de S/ 2′553,000.
Al analizar por tipo de infracción, se encuentra que 26 entidades públicas incumplieron con la cuota de empleo, entre ellas el Gobierno regional del Callao, Municipalidad de La Molina y el Instituto Nacional Materno Perinatal.
De igual manera, otras 14 entidades públicas fueron sancionadas por contravenir las normas accesibilidad, entre las cuales figuran el Ministerio de Defensa, Ministerio de la Producción y la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Así mismo, figuran sanciones como no mantener en buen estado las instalaciones y vías públicas para garantizar y preservar la seguridad, salud e integridad física de la persona con discapacidad, entrega de información falsa solicitada por Conadis y retraso en la comunicación a esta entidad.
Para el año 2021, fueron 32 las entidades públicas sancionadas por cometer infracciones, acumulando sanciones por S/ 1′581,800.
Para el presidente de Conadis el incumplimiento de cuota laboral responde a dos factores. El primero, indica, se debe a un desconocimiento por parte de los servidores y funcionarios públicos, principalmente autoridades que en muchos casos desconocen que tienen esta obligación.
“Por otro lado, los que sí tienen conocimiento no muestran voluntad de modificar esa realidad, cuando la posibilidad está en sus manos. Solo se debe modificar los procesos de selección en función a los perfiles de las personas con discapacidad y así crear algunas posiciones que puedan ser accesibles para ellos”, sostuvo.
Detalló que en el caso de las empresas privadas, es la Sunafil la entidad que se encarga de las fiscalizaciones en el cumplimiento de la cuota laboral, que en este caso es el 3% de la totalidad de su personal.
Avances y pendientes
En junio del año pasado se lanzó la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030 (PNMDD), que establece 7 objetivos prioritarios para terminar con la discriminación estructural de las personas con discapacidad.
Dicha política cumplió un año en junio pasado y las fiscalizaciones realizadas en el 2021 y el 2022 se enmarcan en esta política del Estado.
De igual manera, se analizaron diversos sectores en este grupo poblacional, entre ellas, el acceso a la educación y la accesibilidad en la comunicación, tales como el hecho de contar con intérpretes de lengua de señas peruanas.
Gamarra detalla que se encuentra pendiente conocer el universo de las personas con discapacidad en el Perú. Y es que según dijo, Conadis solo maneja una aproximación de lo que sería este universo.
Explicó que en el 2012 se realizó la primera encuesta nacional especializas en personas con discapacidad -a cargo del INEI- y la única data que se tiene sobre ellos.
Así, se estima que habrían 3.6 millones de personas con discapacidad, pero ante el Conadis solo se tiene el registro de 352,655 personas (147,768 mujeres y 204,887 varones).
Indicó que se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un presupuesto de S/ 24 millones para destinarlo al INEI y sea esta entidad la que realice una segunda encuesta nacional en el año 2020, pero el MEF no aprobó el financiamiento.
Luego se volvió a insistir en la propuesta, esta vez para realizar la encuesta en el 2021, pero la respuesta fue la misma, no fue aprobada.
“Sin esa encuesta nosotros no podemos apuntalar a que las política públicas tengan una eficiente calidad de gasto. Actualmente se están otorgando bonos, pero no sabemos cual es el mercado potencial que se debe atender, es decir, la población objetivo no ha sido totalmente determinada. La encuesta nos podría poder determinar dónde están las personas con discapacidad, qué discapacidad tienen, cuál es el grado de severidad y trabajar la georeferenciación de los domicilios de estas personas para contrastarlas con la georeferencia de los institutos de educación básica, alternativa y técnica productiva para personas con discapacidad”, sostuvo.
Cifras y datos
-Conadis viene haciendo convocatorias laborales con empresas retail, como Ripley, Topi Top, Adidas y Financiera Oh.
-Según la normativa, los gobiernos regionales y locales (municipalidades provinciales y distritales) debe asignar 1% del presupuesto institucional a la atención de personas con discapacidad.
-En coordinación con el programa Lurawi Perú del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), se han colocado a 10,000 personas con discapacidad en empleos temporales (65% hombres y 35% mujeres).