El Congreso de la República ‘resucitaría’ una antigua obligación laboral para las grandes empresas, ¿de qué se trata?
En junio del 2025, en el anterior Gobierno de Dina Boluarte, se emitió el Decreto Supremo N°005-2025-TR, el cual eliminó la obligación legal que tenían las empresas con más de 100 trabajadores de contar con una trabajadora social en planilla. Esta obligación estaba vigente desde 1965.
La norma derogada exigía a las empresas empleadoras contratar, como parte de su personal estable, a al menos una asistenta social titulada y colegiada, en cumplimiento de una política de bienestar laboral que priorizaba la atención directa al trabajador. Durante décadas esta figura se consideró clave para la prevención de riesgos psicosociales, la atención de casos familiares complejos y la coordinación de beneficios sociales.
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El decreto emitido el año pasado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) señaló que el marco normativo actual en materia de seguridad y salud en el trabajo ya contempla mecanismos integrales para la atención del bienestar del trabajador, sin establecer la obligatoriedad de una profesión específica.
Sin embargo, el argumento dado por el MTPE no ha generado consenso, pues a la fecha ya se han presentado 12 proyectos de ley en el Congreso, los cuales buscan derogar el Decreto Supremo N°005-2025-TR. Y con ello restituir la obligación para las grandes empresas de contratar a una trabajadora social.
Estas iniciativas legislativas vienen siendo sustentadas en la Comisión de Trabajo, donde se ha anunciado que próximamente se elaborará un dictamen conjunto para ser puesto a votación. Los proyectos de ley son de diversas bancadas del Congreso, como Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Bloque Magisterial, Juntos por el Perú, entre otras.
Trabajadoras sociales en las empresas bajo análisis
Al respecto, el abogado laboralista Martín Ruggiero cuestionó las iniciativas legislativas presentadas en el Congreso, pues restarían flexibilidad a las empresas al momento de constituir sus áreas de recursos humanos.
“Se tiene que analizar si resulta necesario que una empresa contrate a una trabajadora con esa formación académica, pues se indica que la trabajadora social es aquella que se preocupa por el bienestar de los trabajadores, pero ¿solo las trabajadoras sociales pueden cubrir esa necesidad? ¿Una persona con una formación en administración, relacionamiento industrial, recursos humanos, no podría también cubrir esas preocupaciones de un centro de trabajo?”, se preguntó.
Asimismo, Ruggiero advirtió que no habrían suficientes trabajadoras sociales colegiadas para cubrir la demanda de las empresas, en caso los proyectos se conviertan en ley. “No todas las empresas van a poder cumplir con esta obligación, pues no hay suficiente oferta de trabajadoras sociales”, remarcó.
Por otro lado, Martín Ruggiero advirtió que algunos proyectos de ley presentados incluso son más rígidos, pues a diferencia de la norma original que exige una trabajadora social para una empresa con más de 100 trabajadores, algunas iniciativas legislativas establecen la obligación de tener una trabajadora social “por cada 100 trabajadores”. Es decir, en empresas con planillas numerosas, se tendrían que contratar a varias trabajadoras sociales.
“Eso muestra que los proyectos no recogen criterios técnicos, sino criterios esencialmente políticos”, cuestionó Ruggiero.
Por su parte el abogado laboralista Germán Lora refirió que muchas empresas ya tienen internalizado la importancia de contar con este tipo de profesionales, exista o no una ley que las obligue a contratarlas.
“Desde hace tiempo en el área de recursos humanos es imprescindible tener una asistenta social, lo diga o no una norma. Creo que tras la derogatoria de la norma (el año pasado) las empresas no han dejado de contratar trabajadores sociales ni las han despedido porque la norma ya no exista”, sostuvo.
En esa línea, consideró que de restituirse la obligación de contratar a una trabajadora social “la nueva norma no va a mover la aguja, no veo mayor inconveniente. No creo que tenga impacto relevante en los temas laborales en el Perú”, anotó.
Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.
