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La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de ley que busca otorgarle a los trabajadores del régimen laboral CAS el derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) siempre y cuando perciban ingresos mayores a una “unidad de ingreso del sector público” (S/ 2,600). El proyecto queda pendiente de ser debatido en el pleno.
De acuerdo con la iniciativa legislativa, presentada por el grupo parlamentario Avanza País, la norma busca garantizar “el derecho a la seguridad social de todos los trabajadores”.
Situación actual
Hoy en día, los trabajadores de dicho régimen -el cual viene siendo materia de debate y que ya está en proceso de ser eliminado- no tienen derecho a CTS, gratificaciones ni a las utilidades de la empresa estatal para la cual trabajan.
Pero de acuerdo con etexto aprobado por la comisión del Parlamento, la falta de acceso a CTS por parte de los trabajadores CAS durante el periodo de pandemia por el covid-19 viene “generando el desamparo de miles de trabajadores y sus familias”.
De acuerdo con cifras del 2018, alrededor de 274,000 trabajadores laboran en este régimen para el Estado (bajo Contrato Administrativo de Servicios).
Adicionalmente, cabe indicar que el régimen CAS caerá al desuso en unos años como consecuencia de la aprobación de la Ley N° 31131 en el 2021, la cual señaló que las entidades del Estado tienen cinco años para incorporar a todos los trabajadores del régimen CAS en los otros regímenes laborales que maneja el Estado, es decir, aquellos regulados por los decretos legislativos 728, 276 y la Ley del Servicio Civil (Servir).
El problema
Cuando el Congreso consultó al Ejecutivo acerca de la viabilidad del proyecto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió que la propuesta no contempla una evaluación presupuestal del costo que la norma le generaría al fisco, por lo que no debía ser aprobada.
Juan José Martinez, experto en materias laborales estatales y expresidente de Servir, señala que la medida es “terrible”, especialmente en el contexto en el que vivimos, en el cual hay una restricción fiscal y el Estado cuenta con pocos recursos para poder enfrentar los costos que generaría la ley.
“La norma le daría un sueldo más a todos los trabajadores CAS al año, lo cual hace la medida inviable. Además, esta medida elimina los incentivos con los que cuentan los trabajadores CAS para migrar por su propia voluntad a los demás regímenes laborales del Estado, lo cual resulta negativo para la ciudadanía”, explica Martínez.
Agrega que si se decide que el derecho a la CTS sea retroactivo, podría tener un impacto tremendo en el Estado, ya que existen trabajadores que vienen laborando bajo dicho régimen desde el 2009.
