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Oscar Caipo, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), señaló que el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo emite políticas que precarizan los derechos laborales.
En ese sentido, menciona existen aproximadamente de 300,000 a 400,000 trabajadores del sector público que no cuentan con todos los beneficios sociales en el Estado.
“El Estado es más bien donde se precariza, tenemos más de 200,000 trabajadores con un régimen de contratación de servicios y el régimen CAS que se está extendiendo. Entonces, tenemos aproximadamente de 300,000 a 400,000 trabajadores que no tienen todos los beneficios sociales en el Estado”, dijo en una entrevista con RPP.
“El Gobierno se voltea y dice que el sector privado precariza y no ve lo que está pasando en el sector público, en donde realmente se está precarizando y no se cumple con los derechos laborales”, agrega Caipo.
En esa línea, indica que se requieren medidas que ayuden que las micro y pequeñas empresas, que emplean alrededor del 50% de trabajadores formales e informales puedan reactivarse plenamente y eso requiere normas que sean compatibles con esa realidad.
No obstante, el presidente de la Confiep sostiene que las normas que está proponiendo el Gobierno a través del MTPE van en sentido contrario, e inclusive con un nivel de doble discurso.
“Se habla de que la tercerización se está dando par que no se precarice el empleo cuando esto no es así. El empleo en el sector privado que es predominantemente formal, contrata empresas formales con trabajadores en planilla y todos los beneficios”, argumenta.
“Nosotros esperamos que haya más coherencia en el Gobierno y Gabinete, porque tenemos las medidas que emite el MTPE, que son arbitrarias, que no han pasado por el análisis técnico y menos por el dialogo social, que es lo que promueven los convenios internacionales que tiene el Perú con la OIT”, añade Caipo.
Finalmente, señala que el MEF debería recobrar el peso específico que ha tenido históricamente el Gabinete y en los Gobiernos, para asegurarse de que las principales normas que salen de otros ministerios puedan tener un impacto positivo en la economía y generación de confianza.
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