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La ejecución del plan “Perú Hambre Cero” es una promesa pendiente de cumplir durante el Gobierno de Francisco Sagasti, al que le queda poco más de seis meses. Las expectativas son grandes por el impacto positivo que tendría tanto en la atención de las personas más vulnerables como en la agricultura familiar.
Esto último se debe a que el plan incluye un programa de compras públicas de alimentos, que priorizará como proveedores a los agricultores familiares, comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios.
Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), sostuvo que se trata de un plan ambicioso, pero su ejecución requiere de decisión política. “Hace poco conversamos con el ministro (del Midagri, Federico Tenorio) y nos comentó que pronto nos reuniríamos para avanzar. Ha habido un retraso porque la atención se centró en la Ley de Promoción Agraria, pero esperamos que se ponga en marcha a más tardar en febrero, porque de lo contrario se quedará solo como una declaración del presidente”, dijo a gestion.pe.
La comisión encargada de ejecutar este plan es liderada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que aún se encuentra elaborando una estrategia para hacerlo efectivo. Según informó dicho ministerio a gestion.pe, esta contempla fortalecer las capacidades productivas de los agricultores familiares. “Todos los componentes aún se están aterrizando pero esperamos tenerlos listos lo más pronto posible”, señaló sin precisar una fecha.
En lo relativo a las compras públicas a pequeños agricultores, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) está definiendo la forma en que estas se llevarán a cabo. Para dichas adquisiciones, este pliego ha solicitado un presupuesto de S/ 500 millones al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que aún no aprueba este pedido, revelaron fuentes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a gestion.pe.
Al jurar en el cargo de presidente de la República, Francisco Sagasti aseguró que su gobierno implementará el plan “Perú Hambre Cero”. El Acuerdo Nacional (que reúne al Gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil) firmó en mayo último este compromiso que busca evitar el padecimiento de millones de peruanos que han perdido parte o la totalidad de sus ingresos debido a la crisis sanitaria del coronavirus, que derivó en una crisis económica.
Aunque el objetivo principal de este compromiso firmado durante la gestión de Martín Vizcarra sea evitar el hambre en los peruanos, también se buscará con él beneficiar a los agricultores familiares en las compras de alimentos que serán distribuidos a través de programas sociales, donaciones y mercados.
Desde el punto de vista del ex ministro de Agricultura Juan Manuel Benites, resulta evidente que este plan es necesario para combatir la desnutrición infantil, pues sin duda se ha incrementado con el impacto especialmente adverso de la pandemia en la economía de los más vulnerables.
No obstante, señala la necesidad de tener claros dos aspectos. “Es importante fijar un objetivo: comprarles a los agricultores para que mejoren sus ingresos o centrarse en la nutrición de los más pequeños. En mi opinión, este último debería ser el objetivo principal y el otro debería ser un objetivo secundario. Es necesario definir esto para así contar con mecanismos para asegurar la calidad de los alimentos”, dijo Benites a gestion.pe.
Temporalidad
En segundo lugar, sostiene, se debe fijar la temporalidad del plan. Si va a permanecer vigente durante un periodo determinado o será permanente. “Siempre los programas sociales deberían tender a ser temporales. La idea es que los beneficiarios sean cada vez menos dependientes de los programas sociales, que luego de un tiempo ya se quede solo un núcleo de quienes más necesitan el apoyo”, añadió.
Si bien este plan fue concebido para hacer frente a las graves consecuencias que deja la pandemia del coronavirus en las familias más vulnerables, en especial en los niños, no se ha fijado un plazo de vigencia. Sin embargo, Cárdenas asegura que, de acuerdo con lo que ha conversado con el Gobierno, tanto el plan en sí como el programa de compras públicas serían permanentes.
Benites también sostuvo que el Gobierno debe definir cómo seleccionará a los proveedores. “Se podría optar por comprarles a los productores asociados y así aprovechar este programa para incentivar a los pequeños productores a organizarse. Además, se debe tener en cuenta que la compra hormiga es más complicada”, advirtió.
Por último, consideró que se debe contar con las herramientas necesarias para evitar que los beneficios lleguen a quienes no los necesitan o no les corresponden.
