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En el 2022 se eliminaron un total de 443 barreras burocráticas ilegales como consecuencia de denuncias por parte de la ciudadanía e investigaciones iniciadas por el mismo Indecopi. De estas, el 31% (135) fueron impuestas por municipalidades ubicadas en Lima metropolitana, así como por el gobierno regional de Lima (ver Gráfico).
Al respecto, 45 (10.2%) de los casos iniciados el año pasado fueron interpuestos contra la Municipalidad Metropolitana de Lima.
En general, las municipalidades son las entidades que más imponen barreras burocráticas alrededor del país. Del total de barreras burocráticas materia de procedimientos ante el Indecopi el año pasado, las Municipalidades distritales y provinciales alrededor del país fueron responsables por 280 (63%).
Esta tendencia se ha mantenido en los últimos años. De acuerdo a data del Indecopi del 2021, 630 del total de 1,110 barreras eliminadas como consecuencias de denuncias en el año fueron creadas por municipalidades distritales.
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¿Por qué las municipalidades de Lima concentran tantas denuncias?
Según explica Martin Serkovic, socio del estudio Olaechea, esta concentración de denuncias se debe a que “en Lima se ve más el perjuicio que puede causar una decisión arbitraria de la municipalidad”, dado que hay un mayor movimiento para realizar gestiones y trámites que en las demás ciudades del país.
“Cuando hay una barrera el efecto es mucho más grande y, por ende, hay una mayor cantidad de afectados, lo cual incrementa la posibilidad de que alguien plantee una denuncia”, indica Serkovic.
Al respecto, Alfredo Lindley-Russo, socio del estudio García-Godos & Lindley-Russo, comenta que las empresas no denuncian todas las barreras burocráticas que les afectan, sino solo aquellas que representan un costo relevante en sus operaciones.
“De ahí la importancia de que el Indecopi aplique el «principio de interpretación favorable» y se comprometa con la eliminación de este tipo de medidas perniciosas para la competitividad y la simplificación de trámites”, expresa (ver nota vinculada).
“Si el Indecopi no remueve la barrera burocrática, la denunciante tendrá que acudir al Poder Judicial. Mientras ese nuevo proceso dure, los costos asociados a la barrera misma y a la disputa legal seguirán incrementándose. Entonces, las empresas calculan y desisten de seguir en la lucha pues les resulta más rentable asumir el costo de la medida ilegal o irracional, que combatirla”, señala Lindley-Russo.
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Eliminación voluntaria de barreras burocráticas
El Indecopi conoce que la mayoría de las denuncias están enfocadas en la municipalidades, por lo que el año pasado lanzó un programa de capacitación en favor de quienes postulaban a gobiernos ediles y regionales alrededor del país para que sepan cómo “prevenir y eliminar barreras burocráticas ilegales e irracionales”.
Este programa es de extremada importancia dado que muchas barreras burocráticas son eliminadas por las mismas entidades sin que los ciudadanos interpongan denuncias en contra de las mismas.
Al respecto, según el Indecopi, el año pasado las entidades públicas eliminaron un total de 5,650 barreras burocráticas de manera voluntaria.
Sin embargo, pese a que las municipalidades de Huaraz, Lambayeque o Marañon eliminan barreras burocráticas de manera constante (824 eliminadas entre solo estas tres el año pasado), las municipalidades de Lima solo eliminaron una en el mismo periodo (acto realizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima), pese a que, como se indicó anteriormente, son responsables de casi un tercio de las denuncias por barreras burocráticas ilegales que resultan en resultados favorables para los ciudadanos.
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¿De qué tratan las denuncias?
Ahora bien, varias denuncias son interpuestas contra la misma norma.
Por ejemplo, si uno analiza las denuncias interpuestas contra la Municipalidad Metropolitana de Lima en el 2022, verá que 20 estuvieron relacionadas a la Ordenanza 2348-2021, la cual modificó aspectos relacionados a la instalación de paneles de publicidad en la ciudad.
Según Serkovic, las municipalidades de Lima además reúnen muchas denuncias en su contra con relación a las torres de telecomunicaciones.
“En los últimos años ha habido un gran número de denuncias respecto a las torres dado que la norma establece que se pueden ubicar en espacios públicos, pero, por alguna razón que aún no es muy entendible, las municipalidades, sobre todo la de Lima, empezaron a buscar mil pretextos para buscar la nulidad de la instalación de torres ya instaladas. Ahí tienes un “cargamonton” que marca una diferencia grande en la estadística”, explica el abogado.
Di igual manera, en el 2022, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) recibió un número de denuncias por barreras burocráticas con relación al nombramiento de directores independientes (en especifico, en el acápite que establece que el director no puede tener o haber tenido en los últimos tres años una relación de negocio comercial o contractual, directa o indirecta, y de carácter significativo, con la sociedad o cualquier otra empresa de su mismo grupo económico), así como por las normas que regulan las entidades que requieren autorización de la SMV.
Sin embargo, en contraposición, las denuncias interpuestas contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tratan sobre una gran diversidad de normas sobre oficios específicos, resoluciones directorales, decretos y supremos, contra las que se interpusieron más acciones. Contra el nuevo Reglamento Nacional De Inspecciones Técnicas Vehiculares, se iniciaron seis procedimientos, según data del Indecopi.
La alta concentración de denuncias contra las mismas normas se debe a que las barreras burocráticas no se eliminan de manera general, sino que se aplican en favor de cada denunciante que interpone una acción ante Indecopi, como regla general.
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Denuncias se redujeron en los últimos años
Según data del Indecopi, el número de barreras burocráticas eliminadas como consecuencia de denuncias viene disminuyendo en los últimos años (ver gráfico), por lo que hace poco se acaba de aprobar una ley que busca facilitar la interposición de denuncias contra estos aparatos.
La ley reducirá los requisitos para la admisión de denuncias contra barreras burocráticas pues, según información del Indecopi, el número de denuncias declaradas improcedentes ha venido al alza desde el 2015; y en el 2020, 92 denuncias fueron declaradas improcedentes, mientras que 68, infundadas.
En ese sentido, la ley haría que las denuncias presentadas con evidencia insuficiente no sean archivadas o declaradas inadmisibles si es que el mismo Indecopi puede procurar la data que falta. Asimismo, se plantea que las personas puedan presentar esta evidencia luego en el proceso, para evitar que los procedimientos no sigan su curso.
La ley, además, incluye el principio de interpretación favorable, que busca que toda actuación del Indecopi opere en favor de la competitividad y el mercado, según explica Lindley-Russo.
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LA CIFRA: 92 resoluciones fueron declaradas infundadas por el Indecopi en el 2019, mientras que 32 fueron declaradas inadmisibles. En el 2015 solo se declararon 47 improcedentes y 13 inadmisibles.
