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Tras tres años de resolverse el contrato con la empresa mexicana Azteca Comunicaciones, la red dorsal nacional de fibra óptica (RDNFO) volvería a ser operada por una empresa privada. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú (MTC) afirmó que el otorgamiento de la infraestructura de fibra óptica a un operador temporal se dará a fines de este año.
Durante una conferencia de prensa, la viceministra de Comunicaciones, Carla Sosa, explicó que, para esta concesión, primero se hará una muestra para transparentar las condiciones en las que el nuevo operador recibiría la red.
“Probablemente (esta) semana ya estamos iniciando un ‘roadshow’ para mostrar cuáles serían las condiciones técnicas de referencia para que la industria conozca qué es lo que se va a llevar a licitación, cuál es el estado de la red y qué es lo que estarían asumiendo de ser operadores temporales. Por eso estimamos que a fines de este año vamos a poder tener un operador temporal”, dijo Sosa.
Como se recuerda, el contrato de la red dorsal por la que se desplegaron 13,636 kilómetros de fibra óptica a 180 ciudades de provincias con la empresa Azteca Comunicaciones fue resuelto en el 2021, por lo que pasó a manos del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), entidad adscrita al MTC.
Aunque el Pronatel tiene plazo para operar la red hasta el 2027, el titular del MTC, Raúl Pérez Reyes señaló que no tiene las capacidades para ello.
“No creemos que el Estado sea el proveedor, no parece que sea un buen operador en general. Queremos que sea un privado el que lo haga y lo que hay que hacer es asegurar tener un operador temporal por un plazo de 3 años, mientras el proceso de convocatoria por ProInversión, para tener el operador de 20 años, se culmina”, explicó.
El proceso para tener al operador definitivo aún tardaría. Recién en marzo del 2024, el MTC estableció con ProInversión un convenio de cooperación interinstitucional para desarrollar estudios que promuevan la operación definitiva y sostenible de la red.
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Análisis
La exviceministra de Comunicaciones y socia de Nakagawa Consultores, Virginia Nakagawa, señala que, aunque no es culpa de esta gestión el hecho que no se haya terminado de modelar el esquema para conseguir al operador definitivo, se ha perdido demasiado tiempo, lo que puede estar generando una encrucijada para el MTC.
Nakagawa dice que el esquema para el operador definitivo de la red debe tener en cuenta no solo lo que se hará con la red dorsal, sino también tiene que priorizar la red de transporte regionales.
“Tenemos una encrucijada porque no se trata solo de la red dorsal de los 13,500 kilómetros de fibra óptica, se trata de unos 27,000 kilómetros de fibra óptica de las redes de transporte regional. Nos estamos fijando solo en la red dorsal que ya está sometida a una gran competencia, pero estos 27,000 kilómetros que ya están tendidas y otro porcentaje que se va a terminar en un máximo de un año, están en la zona más dura de las áreas rurales y ahí no están sometidas a competencia. Ahí es donde se tiene que cumplir con más énfasis el rol subsidiario del Estado”, señaló.
En cuanto al operador temporal, la especialista considera que, teniendo en cuenta anteriores concursos de Pronatel, se debe evitar que el contrato que establezca el Estado pida que se cumplan ciertos indicadores de calidad y al mismo tiempo se amenace con penalizaciones sin sentido.
Señala que otros factores que han generado retrasos para encontrar un nuevo operador son los constantes cambios de funcionarios, la inestabilidad y la falta de gestión por resultados.
Otra observación a la red dorsal es la baja capacidad de operación. A fines del 2023 se estimaba que la red solo estaba operando al 8% de su capacidad, cuando en el 2021, año en que la empresa mexicana entregó la administración a Pronatel, solo operaba hasta en 4.7%, es decir, el avance ha sido mínimo.
Al respecto, Nakagawa precisa que para ello, el MTC tendría que evaluar la exoneración de la Ley de Contrataciones del Estado en el régimen de banda ancha en los sectores de educación, seguridad, y salud, que permitan que pueda darse una contratación directa en los proyectos regionales.
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Licitación del espectro radioeléctrico para 5G
Por otro lado, el titular del MTC señaló que la aprobación de la delegación de facultades de la semana pasada permitirá el reordenamiento y la asignación de las frecuencias de 5G.
Pérez Reyes comentó que ahora no se utilizaría la subasta como medio de asignación. Teniendo en cuenta que el Perú tiene el mayor número de operadores móviles en América Latina, considera que si se lanza una subasta para licitar el 5G, las únicas interesadas serían las cuatro empresas que ya están en el país.
“Aprovechemos de hacer un reordenamiento y a la vez de asignación de esta frecuencia tomando como referencia que la idea es que el pago de estas frecuencias no sea dinero. La verdad no nos interesa que entren recursos fiscales, si no nos interesa ampliar la cobertura 4G”, sostuvo.
El ministro precisó que se busca impulsar las inversiones que permitan crecer con conectividad de 4G debido a que la 5G es una frecuencia que, en principio, está pensada para conectar equipamiento y no tanto a las personas, que es lo que se requiere en el país.
“Queremos priorizar que el valor de venta de las 5G sea cobertura en 4.5G, que es la que nos la que nos va a dar conectividad sobre todo en los lugares remotos de nuestro país en este momento”, añadió.
Pago a operadores
Actualmente el MTC transfiere recursos a los gobiernos regionales para solventar el servicio de internet que dan los operadores a los colegios públicos de dichas regiones. Sin embargo, se vienen reportando quejas por parte de los operadores ante la falta de pago.
Ante esto, la viceministra de Comunicaciones afirmó que ya vienen trabajando con los gobiernos regionales que reportan deudas y se espera que antes de fin de año todos los pagos se hayan efectuado.
Sin embargo, para evitar volver a estos problemas se está planteando que en la nueva Ley de Presupuesto se establezca que ese monto que normalmente se transfería a los gobiernos regionales lo asuma el MTC, es decir, que el ministerio pague directamente a los proveedores o los concesionarios de servicios públicos que atienden los centros de acceso digital.
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