El último miércoles el Gobierno peruano, en coordinación con Lima Airport Partners (LAP), anunció su decisión de reprogramar el inicio de operaciones del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, para el 30 de marzo del 2025
En ese momento, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, argumentó que con el concesionario del aeropuerto habían acordado establecer un periodo de pruebas de 60 días por el lado aire y tierra, para asegurar un inicio de operaciones con seguridad y calidad para los usuarios.
Poco antes, el premier Gustavo Adrianzén, había declarado que era consciente que, de acuerdo con el contrato de concesión de LAP, el plazo original para ese hito del megaproyecto era este 29 de enero, pero que había temas por resolver.
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De hecho, reconoció que había retrasos que podrían considerarse objetos de una atención especial para poder revisar esa fecha, y que el nuevo aeropuerto sería inaugurado solo cuando sus operaciones y protocolos de seguridad estén certificados al 100%.
¿Postergación incumple el contrato?
Ahora, la pregunta que cabe es si la anunciada prórroga constituye un incumplimiento al contrato de concesión, lo cual recae en el ámbito de Ositran, como supervisor del acuerdo contractual suscrito entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y LAP.
Consultada al respecto, la presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, informó a Gestión que el día 15 de enero el organismo fue convocado por el concedente y concesionario para anunciarle su acuerdo de aplicar tal prórroga.
El siguiente paso de ese organismo regulador, refirió, es supervisar cómo las partes van a implementar tal acuerdo, en el marco del contrato.
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¿Adenda al contrato del Jorge Chávez?
Zambrano explicó que, si bien el plazo contractual para la entrega de esa infraestructura es el 30 de enero, los contratos siempre tienen mecanismos para permitir prórrogas, y que están a la espera de ver qué mecanismo esperan activar las partes para ese fin.
¿Se invocará razones de fuerza mayor o la necesidad de aplicar una adenda al contrato para cambiar oficialmente la fecha de inicio de operaciones? Eso, respondió Zambrano, es la parte del acuerdo al que deben arribar las partes en los próximos días.
“Hasta el día de hoy no hay incumplimiento, y hasta el 30 de enero las partes seguramente van a establecer un mecanismo para viabilizar esto (la prórroga), y que será materia de supervisión por parte del regulador”, apuntó.
Es decir, concluyó, hasta esa fecha las partes tienen plazo para definir cómo, basándose en el mismo contrato, pueden aplicar una modificación al plazo previsto, y luego comunicarlo (dentro del mismo periodo) al organismo supervisor.
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¿Cuál es el avance del proyecto?
La titular de Ositrán indicó que, formalmente, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez tiene un avance en la construcción de su infraestructura del 99%, y del mismo porcentaje en su fase de equipamiento.
Además, indicó que las pruebas de comisionamiento (para verificar el funcionamiento de los sistemas de la nueva instalación) están también casi concluidas.
Pero, lo que no se tiene aún (a nivel de supervisión), subrayó Zambrano, son las pruebas integrales del nuevo aeropuerto. “Eso es lo que afecta y que todavía está en suspenso (para que se concluya)”, puntualizó.
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¿Quién supervisa los accesos?
La funcionaria refirió que, lo que no compete al organismo que preside, es supervisar las obras de acceso vial al aeropuerto, y que también han sido objeto de preocupación por no haberse aún concluido.
Por ejemplo, semanas atrás la Defensoría del Pueblo había exhortado al MTC a mantener el acceso al nuevo aeropuerto por la avenida Elmer Faucett, independientemente de otros ingresos.
Además, la Defensoría había advertido que establecer el acceso exclusivo por la avenida Morales Duárez (y eliminar el ingreso por la Av. Elmer Faucett) generaría gran congestión vehicular, y que los puentes provisionales construidos para el ingreso por dicha arteria no cuentan con vía peatonal.
No obstante, Zambrano indicó que Ositrán solo supervisa el área de la concesión, que comprende todo el perímetro (al interior) del aeropuerto, pero que no incluye sus entradas (para los usuarios), y que éstas son responsabilidad del Estado, y no del concesionario.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
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