A pesar de los cuestionamientos a la “Agenda 19″, planteada por el exministro de Trabajo, Íber Maraví, el Gobierno avanza en su implementación.
Como advirtió Gestión, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó el nuevo DS 014-2022-TR, el cual modifica el reglamento de la ley de negociaciones colectivas de trabajo y facilita el uso de la huelga, además de otorgar más protección a los trabajadores sindicalizados. La norma entra en vigor hoy.
Uno de los cambios más importantes está relacionado a la forma en la que se aprueban las huelgas. Según lo expuesto por la norma, si el MTPE no da respuesta a la solicitud de inicio de huelga en 3 días, la misma se entenderá aprobada en virtud del silencio positivo administrativo. Es decir, de manera automática.
Y las huelgas ya no requerirán de una negociación colectiva previa para ser aprobadas. Ello amplía las causales por las que un sindicato puede irse a huelga, lo cual va generando preocupación entre expertos. Algunos han señalado que ahora “podrá darse una huelga por cualquier razón”.
De manera peligrosa, también se modificó la capacidad para ir a arbitraje. Antes, empleadores y trabajadores podían solicitar ir a arbitraje en medio de una negociación colectiva; dicho derecho ahora es exclusivo de los trabajadores.
Antes de negociación
Previo al inicio de la negociación, la información para el sindicato era determinada de común acuerdo. De no haber acuerdo, la Autoridad de Trabajo precisa la información básica que deba ser facilitada para el mejor resultado de las negociaciones.
Ahora, explica un análisis de Vinatea & Toyama, con el DS los trabajadores tendrán derecho a solicitar previo al inicio de la negociación el estado de situación financiera (balance general), estado de resultados (estado de ganancias y pérdidas), estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio neto.
Se suman las boletas de pago de remuneraciones de los trabajadores del ámbito negocial correspondientes a los últimos seis meses anteriores a la fecha de la solicitud de información; informe auditado de los estados financieros o memoria anual más reciente, si lo hubiera; entre otros.
Trabajadores
El DS señala que los empleadores no pueden permitir que los trabajadores acudan al centro de trabajo durante una huelga y tampoco es posible reemplazar a un trabajador en huelga con otro que sí acuda a laborar.
Se estableció que, en caso el empleador y los trabajadores no se pongan de acuerdo con relación a qué puestos son esenciales en la empresa, el MTPE es el que decide qué puestos son esenciales. Antes, el empleador daba una lista en la cual se indicaba cuáles eran estos puestos.
Sindicalización
La norma promulgada por el MTPE también afectaría el sindicalismo, al permitir que trabajadores independientes puedan formar parte de sindicatos y plantear el inicio de huelgas. Según expertos esto además permitiría a practicantes sindicalizarse, ya que no están en planilla.
Lo aprobado da lugar a que los trabajadores se afilien directamente a federaciones y confederaciones, sin tener que formar parte de un sindicato.
Convenios
El DS indica que los convenios colectivos celebrados por sindicatos con su empleador no pueden extenderse a otros trabajadores por decisión unilateral del empleador, sino que deben ser aprobados por el sindicato.
Esto era un punto de contención con los sindicatos, quienes argumentaban que extender los beneficios que ellos acordaban a los no sindicalizados promovía que los trabajadores de la empresa no quieran sindicalizarse.
Comentarios
Germán Lora, socio del estudio Damma, señala que la norma parece haber hecho un listado de todo lo que le molestaba a los sindicatos y haberlo resuelto. “Esta norma es muy cuestionable y llevará a más acciones populares y de amparo. Se crea un círculo vicioso de discusión, y no avanzamos porque se continúa generando conflictividad”, recalca.
Lidia Vílchez, socia del estudio PPU, señaló que una norma de tal nivel de importancia debió “pasar por el Congreso, al transformar una ley y no solo “reglamentarla”; cuando menos, tuvo que ser sometida al CNT, para lograr algún tipo de consenso”.
Percy Alache, socio de PwC Perú, señaló que la norma es un “empoderamiento sindical innecesario en un contexto de crisis económica y de conflictos sociales no resueltos”; podría agudizar más conflictos.