La Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM), la Asociación Marítima del Perú (Asmarpe) y la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asspor) advirtieron que el intento del Ejecutivo de fijar los costos de transacción interviene los contratos entre privados de forma ilegal e inconstitucional.
Según manifestaron, esta intención es manifiesta en el Decreto Legislativo 1492, emitido el pasado 9 de mayo por el Ejecutivo. Se trata del Decreto Legislativo que aprueba disposiciones para la reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística de comercio exterior.
“El Ejecutivo observó la ley de peajes aprobada por el Congreso al considerarla una intervención del Estado en contratos ya suscritos. Resulta incoherente que, ahora, busque hacer exactamente lo mismo. Exhortamos al Parlamento a revisar y proponer la derogatoria de la norma con prontitud”, señalaron los gremios marítimos.
Los gremios señalaron que la intervención estatal en las negociaciones entre privados podría abrir "una peligrosa puerta para que dicha inconstitucionalidad se repita en cualquier otro sector de la economía".
“Cabe recordar que el Parlamento otorgó facultades legislativas al Gobierno para legislar en materias vinculadas a la emergencia sanitaria. La fijación de los costos de transacción del transporte marítimo de mercancías excede ese ámbito de acción”, señalaron.