Modificar el régimen tributario es una de las principales iniciativas que contiene el pedido de facultades legislativas del Gobierno al Congreso de la República. De aprobarse, implicaría no solo aplicar impuestos a productos y servicios que no están gravados, sino que también plantea la eliminación de dos régimenes: el Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) y el Régimen MYPE Tributario (RMT). A su vez, propone la creación del “Régimen Emprendedor”, una normativa simplificada del impuesto a la renta para empresas pequeñas, pero ¿qué opinan los gremios empresariales de esta medida?
La propuesta no es nueva, pues en el 2023 ya el tema se había puesto sobre la mesa. Esta se concretó a inicios de este año, cuando el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que buscaba ajustar a solo dos los regímenes tributarios para empresas.
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Aunque la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) señala que es preocupante que la mayor parte de las facultades solicitadas buscan incrementar la recaudación incidiendo sobre los mismos contribuyentes, considera que la propuesta de simplificación del régimen de las mypes es la única que ha planteado el Ejecutivo para combatir la evasión y la informalidad.
El presidente del Comité Tributario de la Confiep, Álex Córdova, precisa que para el cambio de régimen en las mypes se debe tener en cuenta que se necesita un régimen transitorio especial entre el Régimen Único Simplificado y el Régimen General.
“Si bien el Ejecutivo ha señalado las materias en las que quiere legislar, no se conoce el alcance específico de los cambios. Eso deberá delimitarlo el Congreso para no dar un cheque en blanco”, comentó respecto a los cambios planteados.
La propuesta del Gobierno también plantea la creación de un “Régimen Emprendedor”, como una normativa simplificada del impuesto a la renta para empresas pequeñas, pero faltarían detalles para entender lo que implicaría este régimen. El gerente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Antonio Castillo, señala que la idea ya es un avance, pues lo que se planteaba en el proyecto anterior no tenía en cuenta este tipo de medidas.
“Este régimen no está especificando las tasas que se aplicarían, entendemos que tienen que ser progresivas, pero no lo sabemos. Este esfuerzo por el MEF nos lleva a decir que es un avance, esperaremos a ver la fórmula final”, señala.
Castillo indica que, de acuerdo a lo conversado con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en este régimen las empresas podrían declarar los pagos que tienen de rentas con facturas y facturas electrónicas, como también las compras. “Es un avance que haya una declaración en base a los ingresos y egresos porque esto te permitiría que no tengan contador”, agregó.
Pese a esto, la Asociación de Mypes Unidas del Perú (MUP) advierte que los cambios tributarios planteados generarían mayor informalidad. En el país, indican, solo el 29% de las mypes son formales y serían estas las que, de aprobarse esta medida, tendrían que asumir un mayor costo en medio de la crisis económica y al no poder hacerlo podrían optar por pasar a ser informales o cerrar.
El presidente de la MUP, Daniel Hermoza, sostiene que aún enfrentan una recesión, lo que significa menos consumo e ingresos para los negocios, que se mantienen en la formalidad al acogerse a las condiciones de los regímenes que ahora se quieren eliminar. Y es que al derogarse el régimen para mypes, estas empresas tendrían que pasar al Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) o al Régimen General, este último implicaría una tasa del Impuesto a la Renta (IR) de 29.5%.
“Nosotros pagamos la tercera parte del IR. Una mype en este momento, en la crisis que estamos, definitivamente no está en condiciones para que, dentro de un año, podamos pagar el régimen general de renta. No se está generando renta porque técnicamente estamos quebrados”, indicó.
Hermoza precisa que no está totalmente en contra de esta eliminación del régimen pues afirma que las mypes son conscientes de que no puede ser eterno y que las empresas se mantengan siempre pequeñas para evitar pagar más impuestos. Ante esto, sugiere que el cambio no se haga de un año para otro, sino de manera progresiva.
“Como institución hemos hablado con varios congresistas y hemos propuesto que estos regímenes especiales se quiten de manera escalonada. Hemos propuesto es que el retiro de los beneficios tributarios como el régimen especial de renta se haga de manera paulatina, de tal manera que si este año pago 30%, el próximo año pagaré 50 %, el siguiente 75%, y al cuarto o quinto año ya me volvería régimen general”, explicó.
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¿Cuál es el argumento del Gobierno?
En el pedido de facultades, el Ejecutivo sostiene que la existencia de tres regímenes, además del Régimen General, han generado que se desincentive la declaración de costos y gastos, y se deje espacio para trasladar gastos a contribuyentes cuyo régimen tributario sí admiten la deducibilidad.
Asimismo, afirman que las tasas y cargas diferenciadas del IR incentivan a que las empresas sujetas a estos regímenes manipulen sus ingresos para no cambiar a otro régimen con mayor carga tributaria y no sinceren sus gastos reales, lo cual estaría generando informalidad.
Para el tributarista Jorge Picón, la justificación del Gobierno para estas medidas, si bien tiene una base de certeza, no tienen lógica con la situación real que enfrentan la mayoría de las mypes. Al eliminar estos regímenes, se les suma a las mypes un pago completo del IR, el pago del 18% del IGV y otros gastos de contabilidad.
“Lo que están diciendo es que si le dan un régimen más barato a las mypes se van a ir por ahí, lo cual es obvio, para eso se crea. Lamentablemente una empresa pueden manipular sus ingresos y eso quiere decir que pueden no declararlos y si pueden no declararlos, perfectamente pueden quedar en la informalidad. Con ese argumento quieren decir que no tienen un control”, comentó.
El tributarista refiere que, aunque actualmente se considere que una mype es aquella que factura hasta cerca de S/ 8 millones al año, este monto no significa que tengan demasiados recursos, pues hay que tener en cuenta que, de alguna manera, asumen los costos tributarios de la informalidad.
“Lo peor es que compiten con la informalidad, entonces si mi competencia no paga impuestos y yo sí, y si encima lo que pago es caro de mantener, la conclusión es obvia, se van a la informalidad o desaparecen del mercado”, agregó.
¿Qué medidas faltaron?
Álex Córdova de la Confiep señala que el proyecto del Gobierno no ha incluido la facultad de efectuar ajustes legislativos para evitar controversias, incertidumbre y desaliento a la inversión privada.
Para el gremio empresarial, queda pendiente eliminar el requisito de contabilizar la depreciación de los activos fijos para su deducción fiscal, extender la exención del Impuesto a la Renta a las reorganizaciones societarias internacionales y establecer un régimen de fomento para la inversión, desarrollo y crecimiento de las startups y otros emprendimientos tecnológicos.
“No debe de considerarse únicamente la necesidad cortoplacista de incrementar la recaudación, sino también el crecimiento económico y la competitividad internacional a largo plazo”, añadió.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, lamenta que el proyecto del Ejecutivo no haya tenido en cuenta medidas tributarias para el sector agro, pese a que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) viene anunciado que se plantea cambiar la ley agraria.
“Esto es sumamente importante para recuperar el dinamismo y crecimiento con impacto social y económico que tiene la agricultura, agroexportación y agroindustria peruana y por las tremendos retos que nos presentan los proyectos de irrigación que se están comenzando a destrabar, el puerto de chancay, y los accesos a mercados al Asia que podremos aprovechar realmente sólo si logramos que se apruebe una nueva ley”, señaló.
Cabe mencionar que, según el Midagri, se está evaluando regresar a la tasa de IR de 15% para las agroexportadoras, que en los último años vienen pagando un impuesto mayor debido a la derogación de la ley de promoción agraria.
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