Si bien en su momento el Estado se inclinó por aplicar una política tributaria que aumentara la carga impositiva a los combustibles más contaminantes, su actual posición de seguir aplicando subsidios ciegos al consumo de diversos derivados parece diluir dicho objetivo.
Esa es una de las conclusiones preliminares del estudio que realiza el Instituto Peruano de Economía (IPE) sobre el mercado energético nacional y los costos que trae al Perú la creciente dependencia de las importaciones de combustibles.
El avance de este estudio –que se prevé concluir en dos semanas– fue presentado por el IPE, durante la presentación del informe del Sector Gas Natural – InfoGas Perú 2024, que realizó Promigas Perú.
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Panorama
Carlos Gallardo, gerente general del IPE, observó que nuestro país pasó de importar un 20% de derivados del petróleo, hace 10 años, a un 72% en la actualidad, en referencia principalmente al diésel y el GLP, que son los combustibles que más adquiere el Perú en el extranjero.
Lo que se observa es que, a mayor variación de los precios del diésel y del GLP (en el mercado internacional), suben sus precios en el mercado local, constituyéndose en el primer costo que se refleja en la inflación en el país.
Hasta ahora, el diésel es el combustible más consumido por las empresas de transporte de carga y pasajeros a nivel nacional. Se trata de un derivado que, al no poder ser producido de manera suficiente por las refinerías locales, debe ser importado asumiendo un mayor costo frente a su refinación en el país.
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Sin embargo, según advirtió Gallardo, son ya casi 20 años que el Estado le viene devolviendo a los transportistas el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que aplica al precio mayorista del diésel, particularmente a los dedicados al transporte de carga.
Es preciso recordar que esta devolución de impuesto fue prácticamente impuesta a los sucesivos gobiernos, a través de paralizaciones en los servicios de transporte que acataron en el pasado diversos gremios de transportistas.
Respecto al costo de este tipo de subsidio, Gallardo señaló que se destinaron más de S/ 500 millones en devoluciones del ISC al diésel a transportistas. Además, debido a las exoneraciones al ISC en 2022, se dejaron de recaudar S/ 962 millones. “Estas medidas diluyen la aplicación de ISC al combustible más contaminante”, se mencionó en la presentación.
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¿Y el concepto de nocividad?
El especialista recordó que, en el año 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hizo modificaciones a las tasas ad valorem aplicables al ISC a los combustibles para incorporar el concepto de nocividad en la estructura de impuestos. Con esto, el consumo de derivados más nocivos se recarga con más tributo.
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“Pero, si tenemos momentos de crisis y se decide aplicar exoneraciones, la política de incorporar la nocividad en la estructura del impuesto queda en nada. El diésel, pese a ser el más contaminante, paga menos impuestos que otros con menos nivel de contaminación”, aseveró.
Anteriormente, el IPE estimó que, a mayo del 2024, el costo total del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), alcanzaba los S/18,000 millones en términos reales, como un subsidio para evitar trasladar las variaciones de los precios internacionales de los derivados, a los consumidores locales. Esto lo consideró insostenible.
A este crítico escenario, Gallardo le sumó también el beneficio que otorga el Estado a través del Vale FISE para la compra de gas propano envasado, que se aplica desde el 2012. Hasta el momento, calculó que le viene costando al fisco cerca de S/1,700 millones.
Solo durante el año pasado, indicó que dicho gasto significó al país S/313 millones. Al ritmo en que crecen las importaciones, estimó que el subsidio seguirá creciendo.
De esta manera, concluyó que la devolución del ISC al diésel, sumado a los gastos a través del FEPC, más la devolución del FISE al balón de gas GLP, le significan al país un desembolso en subsidios de más de S/22,000 millones a la compra de productos importados.
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