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La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso aprobó un dictamen que no solo pone límites a la inversión en zonas donde se encuentren pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y contacto inicial (Piaci), sino que obliga al Estado a revisar los contratos que actualmente existen en estos territorios.
El documento aprobado la noche del martes último señala que con relación a las licencias, autorizaciones, permisos, contratos u otros títulos habilitantes vigentes, el Poder Ejecutivo revisa los términos de los mismos para determinar las modificaciones que resulten necesarias, a fin de garantizar el principio de intangibilidad y no contacto de los Piaci.
“En el caso de no poder garantizarse el respeto de estos principios, el Poder Ejecutivo, en el marco de sus competencias, evalúa cada caso, a fin de establecer las medidas compensatorias que correspondan”, refiere el texto del dictamen aprobado. El proyecto también deberá ser dictaminado por la Comisión de Justicia.
Esta iniciativa modifica la Ley 28736, que es la protege a los Piaci, y de aprobarse el Estado deberá reconocer la propiedad de territorios ocupados por estas poblaciones y a las reservas indígenas, y ya no solo considerarlas como poseedoras de tierras.
Además, las reservas indígenas pasarían de tener una intangibilidad temporal a una total y se restringiría el otorgamiento de concesiones, ya que se señala que “no se otorgarán derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales”.
Lotes afectados
De acuerdo con un documento que Perupetro envió a la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso, en el que realiza observaciones a la iniciativa parlamentaria, actualmente existen cinco lotes petroleros que se superponen con los Piaci.
Se trata de los lotes 39, 67, 88, 95 y 107 (ver tabla), y en caso de que la norma sea aprobada en el pleno del Parlamento, todos estos contratos serían revisados por el Estado.
Perupetro explicó que uno de los proyectos más afectados con esta modificatoria sería Camisea, del cual forma parte el lote 88, que tiene un impacto macroeconómico al Estado y en particular a la región Cusco. Representa US$ 191 millones de inversión programada hasta el 2024, así como US$ 389.19 millones en pagos de regalías y US$ 194.35 millones en canon.
Se dejaría a la región Cusco sin más del 50% de sus ingresos, lo que afectaría a las comunidades Machiguenga y Yine.
- Amenaza a la seguridad energética -
Pablo de la Flor, Director ejecutivo de la SNMPE
La norma actual permite que se exploten los recursos cuando el Estado los declara de necesidad pública, y se procede a hacerlo en estricto apego a lo que definen la ley y las normativas vigentes de protección ambiental.
Lo que se hace ahora es eliminar esa cláusula y generar una enorme incertidumbre al someter a revisión actividades que ya están comprometidas en función de contratos suscritos por el Estado peruano. Es un mecanismo ilegal y pernicioso para los intereses del país.
Se comprometen una serie de lotes importantes donde hay producción que se está generando. El proyecto plantea una amenaza para la seguridad energética del país, además de afectar intereses de empresas que actuando de buena fe han suscrito contratos con el Estado.
