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Hace cinco años, la legislación antimonopolio estaba estancada. En Estados Unidos, la actitud complaciente de los reguladores falló en detectar el ascenso de las grandes tecnológicas. En la Unión Europea (UE) sí lo notaron, aunque no se hizo mucho al respecto. Pero los policías de la competencia, por fin, se han puesto las pilas.
El 15 de diciembre, la UE presentó dos borradores de leyes sobre servicios digitales que crearían un mecanismo integral de supervisión a fin de controlar Silicon Valley. En Estados Unidos, el Gobierno federal acaba de abrir procedimientos antimonopolio contra Google y Facebook.
Estas medidas marcan el mayor viraje en la política de competencia durante esta generación, de modo que habría que esperar que los inversionistas estén preocupados de que las grandes tecnológicas se encuentren bajo seria amenaza. Sin embargo, su reacción ha sido de una indiferencia olímpica.
El valor de mercados de las cinco compañías más grandes de Silicon Valley se ha incrementado 46% este año, hasta alcanzar los US$ 7.2 millones de millones. El déficit de credibilidad en la legislación antimonopolio refleja una falta de unidad trasatlántica y los defectos de dos estrategias muy distintas entre sí.
En Estados Unidos, las chances de que se aprueben nuevas leyes son bajas debido a los enfrentamientos y bloqueos en el Congreso, y también porque algunos políticos piensan que contar con firmas tecnológicas estadounidenses dominantes es una ventaja estratégica en la contienda con China.
En lugar de ello, los reguladores tienen que demostrar en los juzgados que las tecnológicas han violado leyes existentes. El procedimiento contra Google tiene más probabilidades de prosperar. Está enfocado en una maraña de pagos anuales por US$ 10,000 millones, o más, que esta compañía hacía a Apple y a empresas manufactureras para asegurarse que sus servicios tuviesen prominencia en las pantallas de los dispositivos que producían.
En tanto, el procedimiento contra Facebook argumenta que esta compró ilegalmente WhatsApp e Instagram con el fin de eliminar la competencia; esto será un poco más difícil de demostrar porque ambas eran pequeñas firmas cuando fueron adquiridas. No hay que esperar decisiones prontas: el caso antimonopolio contra Microsoft comenzó en 1998 y tomó seis años para su resolución. Recientemente, los juzgados han sido escépticos frente a juicios antimonopolio, entre ellos los abiertos contra American Express y AT&T Warner.
Si la estrategia estadounidense es limitada y retrospectiva, la de la EU es amplia y prospectiva. Tiende a depositar su confianza en la regulación –y no existe ninguna gigante tecnológica nativa de la que preocuparse–. Las grandes tecnológicas serán designadas como “sistémicamente importantes” y, en algunos casos, también como “gatekeepers” (que imponen barreras de entrada), y enfrentarán responsabilidades sobre la data, contenido y trato de otras firmas que usen sus plataformas.
El peligro es que un régimen antimonopólico mal definido y extenso frena el dinamismo y afianza a las empresas existentes. Además, incluso si la UE aprueba nuevas leyes, podría tener problemas para aplicarlas. Las cinco grandes obtienen el 25% de sus ventas en Europa, versus 51% en Estados Unidos, y podrían preferir manejar sus filiales europeas bajo reglas locales y no adoptar la política de la UE globalmente.
La máxima multa que se está contemplando es solo el 1% del valor de mercado. Y es difícil imaginar cómo podría la UE dividir una compañía estadounidense. En el papel, es posible determinar el mejor enfoque. El objetivo debiera ser catalizar la competencia en lugar de aceptar monopolios, y mitigar el costo vía la regulación.
La prioridad debe ser abrir mercados monopólicos: los reguladores estadounidenses están en lo correcto al enfocarse en las formas en que Google y otras han bloqueado competidoras. También es esencial adoptar una actitud escéptica sobre futuras adquisiciones. Estados Unidos debe imitar el esfuerzo de la UE de otorgar a las personas poder sobre su data, lo cual también ayuda a desbloquear la competencia. Por último, ambas partes deben convenir en que la supervisión de contenidos –como las noticias falsas– es un asunto de política de medios, no de regulación.
No obstante, todavía es lejano un acuerdo trasatlántico. Y para complicar más las cosas, partes del sector están volviéndose más competitivas incluso en medio de los clamores por domesticar a las grandes tecnológicas. Los reguladores deben preocuparse por productos con alta participación de mercado, ganancias sospechosamente rollizas y escasez de nuevas competidoras.
Las búsquedas y publicidad online calzan en esta descripción, pero otras áreas están cada vez más disputadas, entre ellas streaming, e-commerce y la nube –y con frecuencia la competencia proviene de otras grandes tecnológicas–. Ellas, y no los reguladores trasatlánticos, tienen más probabilidad de cambiar el sector.
Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez
© The Economist Newspaper Ltd, London, 2020
