Telefónica del Perú ha dado los primeros pasos para recibir financiamiento de la unidad regional del grupo, Telefónica Hispanoamérica, luego de los fallos de la Corte Suprema que la obligarían a pagar una suma millonaria. Según informó la compañía, su Consejo de Administración designó a Apoyo Consultoría para preparar los informes técnicos especializados que la empresa podría necesitar para recibir el financiamiento y para las posibles acciones de fortalecimiento patrimonial.
Las transacciones por un monto mayor al 5% de los activos de una compañía que lista en bolsa requieren, de forma obligatoria, de la participación de una entidad auditora (o de otra que determine la Conasev), según el artículo 51 de la Ley de Mercado de Valores del Perú.
César Romero Manchego, jefe de Research de Renta4 Sociedad Agente de Bolsa, indica a diario Gestión que este procedimiento para un eventual financiamiento implica la necesidad de un repago por parte de la filial peruana, lo cual afectará sus márgenes financieros y de solvencia.
“En esta situación, Apoyo Consultoría va a tener que elaborar un calendario de pago y quizás podría cambiar la calificación de riesgo de Telefónica del Perú debido a la nueva deuda que asumiría”, indicó Romero.
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Como dio a conocer Telefónica del Perú la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia declaró infundado, en última instancia, un recurso de casación presentado por la empresa de telcomunicaciones en un litigio por pagos del Impuesto a la Renta de los años fiscales 2000 y 2001. Según informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la compañía deberá pagar alrededor de unos S/ 3,000 millones.
Tras difundirse la noticia, la compañía informó que ya contaba con el dinero necesario para el pago, como resultado de las provisiones que ha ido reuniendo en sus cuentas en los últimos meses. Sin embargo, horas después, la compañía comunicó, en otro hecho de importancia, que la Corte Suprema también había resuelto de manera desfavorable para la compañía los procesos contenciosos correspondientes al Impuesto a la Renta de los ejercicios 2002 y 1998.
Al respecto, Romero Manchego señaló la posibilidad de que el cálculo inicial de la deuda (S/ 3,000 millones) haya sido inferior al monto total que finalmente deberá pagar la empresa; y que, por esta razón, necesite recibir financiamiento de la unidad regional.
La deuda
El litigio se inició cuando la Sunat realizó un proceso de fiscalización, entre el 2002 y el 2004, en el que identificó 18 reparos tributarios sobre las deducciones de gastos realizadas por la empresa de telecomunicaciones con respecto a los años fiscales 1998, 2000 y 2001. La empresa aceptó 13 de estos reparos y pagó S/ 338 millones adicionales al impuesto a la renta (IR) que ya había pagado por esos años.
Pero la Sunat buscaba cobrar S/ 412 millones más por los cinco reparos tributarios restantes, que la empresa se negó a asumir y que en el transcurso de 20 años de procesos judiciales se han sumado a multas e intereses, que según la compañía ahora representan más del 80% de la deuda vigente.
Los mencionados cinco reparos tributarios guardaban relación sobre todo con deducciones consignadas como una provisión de cobranza dudosa (PCD), es decir, recibos que los clientes de Telefónica no pagaban a pesar de que la empresa había agotado las vías informativas y legales existentes. Por esto, la compañía alegaba que no debía pagar un IR por montos que nunca llegó a cobrar.
La matriz de Telefónica, de España, ha presentado un recurso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), a fin de revertir la decisión de la justicia peruana.