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Southern Perú alertó un nuevo atentado contra la vida y la salud de la población asentada en el campamento minero Cuajone, luego que un grupo de pobladores de la comunidad campesina Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala volvieran a cerrar ilegalmente y por la fuerza la válvula del reservorio de Viña Blanca, que abastece del recurso hídrico a las familias de dicho campamento.
Esta nueva acción delictiva -subrayó la mina- se produce luego que el pasado jueves 10 de marzo se logró recuperar momentáneamente el flujo de agua para abastecer el hospital y las viviendas de trabajadores y sus familias, (mujeres, niños y adultos mayores).
“Una vez más, haciendo uso de la fuerza y pese a los acuerdos asumidos con autoridades locales de iniciar el diálogo, el grupo de comuneros continúan adoptando medidas extremas e ilegales que atentan contra la salud y bienestar de más de 5,000 personas asentadas en Cuajone”, precisó.
Reiteró, en esa línea, que tiene como política fortalecer el núcleo familiar de sus trabajadores, de allí las facilidades que brinda en sus campamentos, para que el personal cuente con la compañía de sus familias, las mismas que hace varias semanas ven amenazada su vida y su integridad por la actitud intransigente de algunos dirigentes y pobladores.
Del mismo modo, la negativa de los comuneros a restablecer el flujo de agua para Cuajone y liberar la vía férrea, impiden retomar la operatividad de la mina, la cual aporta 7% de la producción nacional de cobre, representando US$ 4.8 millones diarios en exportaciones pérdidas, así como S/ 2.3 millones de canon y regalías mineras para la región Moquegua y S/ 6.2 millones en impuesto a la renta para el Estado.
Ante esta situación, la mina hace un llamado urgente a las autoridades de gobierno y a la Policía Nacional para que cautelen por el derecho humano al agua de 5,000 personas y hagan respetar la legalidad y el estado de derecho.
“La empresa reitera que cuenta con todos los derechos superficiales vigentes sobre los terrenos que ocupa en la zona, lo cual está acreditado mediante diversas constancias administrativas otorgadas por el Estado Peruano y resoluciones judiciales resueltas a lo largo de varias décadas”, comentó.
Esta documentación -aseguró- ya fue puesta a disposición de las autoridades regionales, de los congresistas y de representantes del Ministerio de Energía y Minas y de la Presidencia del Consejo de Ministros, “a quienes hemos agradecido sus esfuerzos para construir espacios de diálogo y resolución pronta de este conflicto”.
“Manifestamos una vez más su total disposición al diálogo constructivo y respetuoso y rechaza los actos ilegales, así como las pretensiones de extorsión, que atentan contra la estabilidad jurídica del país, la cual es indispensable para el desarrollo económico y la convivencia democrática”, puntualizó.
