
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) incorporó recomendaciones específicas para empresas familiares en la actualización del Código de Buen Gobierno Corporativo, con el objetivo de adaptar las buenas prácticas a las características y necesidades de cada organización.
En las empresas familiares, fija la posibilidad de establecer un protocolo familiar que ordene las relaciones entre los miembros de ese clan, los accionistas, el directorio y la alta gerencia.
En tales compañías, los protocolos pueden contribuir a introducir reglas internas para organizar la relación entre los propietarios y los diferentes órganos de gestión.
Decisiones
Además, el protocolo familiar o instrumento similar establece los mecanismos de resolución de controversias que se aplicarán cuando se trate de intereses relacionados con la empresa, incluidas “reglas para prevenir, gestionar y resolver conflictos entre intereses familiares, patrimoniales y empresariales”, según la SMV.
Sin embargo, Juan Antonio Llanos, abogado financiero, advirtió que cada organización debe evaluar qué medidas se ajustan a su realidad, pues implementar determinadas prácticas puede implicar costos y cambios operativos que no siempre se justifican.
Jorge Ramos, past president de la Asociación de Sociedades Agentes de Bolsa, consideró válido que las empresas familiares tengan un protocolo de buen gobierno, en particular cuando existe el riesgo de conflictos de intereses, pues, entre otros beneficios, eleva el valor percibido por los inversionistas.
“Es sano tenerlo, pues puede haber problemas de gestión que se originen no en decisiones de carácter económico, sino por las relaciones familiares. De hecho, ya hay muchas empresas (familiares) que siguen estos protocolos, y otras que avanzan en su implementación”, refirió.
“Estas pautas pueden permitir (en las empresas familiares) una mejor actuación de las gerencias, directorios, pues propician mayor transparencia y que fluyan mejor las decisiones”, añadió al enfatizar que estos lineamientos son esenciales para empresas que son públicas pues están listadas en bolsa.
Los inversionistas sopesan que la compañía sea productiva, pero también la composición de su directorio, gerencias y la forma en que se organiza; de ahí que valoren la presencia, por ejemplo, de directores independientes, dijo Ramos.
Reporte
La actualización del código de buen gobierno también incorpora un anexo para grupos económicos, además de los principios complementarios que ya existían para empresas del Estado.
En principio, las firmas deberían presentar el reporte de cumplimiento del nuevo código en el 2027, con información del presente año, aunque dependerá de que la SMV tenga los formularios respectivos.
Llanos recalcó que el mencionado código reúne recomendaciones de mejores prácticas, aunque no implica la obligación de adoptar todas las medidas propuestas.
El documento se basa en el principio de autorregulación informada y en el modelo de «cumplir o explicar», mediante el que las empresas informan si adoptan determinadas prácticas y, cuando corresponde, justifican por qué no las implementan, precisó.
Brechas
Afirmó que las empresas listadas en la bolsa sustentan sus respuestas –acerca del cumplimiento del código– y pueden acreditar, por ejemplo, en qué documento o espacio público se encuentra regulada una práctica.
El abogado recomendó a las firmas que comiencen con un diagnóstico de brechas para identificar qué medidas ya aplican, cuáles podrían incorporar y qué cambios pueden ejecutar en el corto o mediano plazo.
Políticas de remuneración
La actualización del código también plantea divulgar información clara sobre las políticas de remuneración del directorio y la alta gerencia, incluidos los componentes fijos y variables de los pagos y su relación con los resultados del negocio.
Asimismo, propone evaluar anualmente el desempeño del directorio y de la gerencia general, y promover una mayor presencia de directores independientes, con una referencia de al menos un tercio del colegiado.
Sobre la aplicación de estas prácticas, Juan Antonio Llanos advirtió que incorporar directores independientes puede representar un costo adicional para las empresas que aún no cuentan con ellos. Por ello, consideró que la pertinencia de cada medida debe evaluarse según las características de la organización.

Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.





