Volcan Compañía Minera comunicó la recepción de una nueva solicitud de arbitraje por los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas del 23 de octubre de 2023. En esta ocasión, Luis Bruno Cueva Baldovino, titular de un porcentaje inferior al 4% del capital social de la minera peruana, planteó la controversia ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
En la mencionada sesión, la Junta General de Accionistas Clase A de Volcan aprobó por mayoría la remoción de los directores de la empresa. En consecuencia, acordó la designación de nuevos directores para el periodo octubre 2023 – octubre 2026.
De igual manera, realizó modificaciones a algunos artículos del estatuto de Volcan, especificando que el Directorio se reunirá al menos una vez al mes, cambiando la remuneración del Directorio y precisando que los directores, de forma individual, no ejercen cargos ejecutivos.
Ahora, Cueva propuso impugnar dichos acuerdos “por ser contrarios a ley”. Frente a la solicitud de arbitraje, la minera consideró que la solicitud es infundada y que la misma se relaciona con posibles disputas entre accionistas que no deberían afectar a Volcan.
En diciembre último, Gestión reportó que Volcan también había recibido una solicitud de arbitraje para declarar nula la Junta General de Accionistas del 23 de octubre de 2023. En ese momento, la carta fue remitida por Ana Rebeca Agüero Calluchi, titular de un porcentaje inferior al 4% del capital social de la operadora de minas polimetálicas en Perú.
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La respuesta de Volcan
Para Volcan, la presentación de este tipo de solicitudes por los mencionados accionistas minoritarios, aparentemente sin otro objetivo que perturbar la operatividad de la empresa, es motivo de asombro. “Es altamente inusual que un accionista de tal magnitud promueva una acción de este tipo, incurriendo en costos sin una justificación aparente”, señaló.
En esa situación, la empresa reiteró a sus accionistas y colaboradores que defenderá sus derechos y emprenderá acciones legales contra los responsables, de acuerdo con la ley, incluyendo, pero no limitado, a las penalidades establecidas en el artículo 149 de la Ley General de Sociedades.
“Son acciones malintencionadas de accionistas que, escudándose en terceros, pretenden persistentemente desestabilizar y entorpecer el buen funcionamiento de Volcan”, remarcó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
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Directorio en disputa
Volcan cerró un segundo semestre del 2023 marcado por disputas internas, luego que la Junta General de Accionistas aprobara la segregación de su negocio portuario en el proyecto del megapuerto de Chancay con oposición de su accionista controlador Glencore.
En la sesión de directorio del 18 de setiembre, la discusión incluyó el debate por la designación y remoción de funcionarios, derivando en un intercambio de comunicados que negaban la aprobación de dichos puntos frente a otros que los reafirmaban.
La cronología de los hechos inició cuando Volcan envió un Hecho de Importancia, firmado por Pedro Olórtegui como representante bursátil de la firma, reportando que los directores vinculados a Glencore International AG postergaron tratar los puntos de la agenda.
Dichos temas estaban relacionados a la presentación de un informe de la presidencia, la aprobación de contratos de opción y cesión minera, evaluación y aprobación de contratos de compraventa de concentrados y otros cinco puntos sobre contrataciones, aspectos logísticos, financieros y de negociación con Cosco Shipping.
Sin embargo, el comunicado también afirmó que los referidos directores buscaron incluir y aprobar acuerdos fuera de la agenda, como la remoción y designación del presidente y vicepresidente del directorio, gerente general, representantes bursátiles y otros funcionarios. Asimismo, la convocatoria a Junta General de Accionistas para remover a miembros del directorio y modificar parcialmente el estatuto.
Posteriormente, Olórtegui difundió una carta notarial enviada por José Picasso en calidad de presidente del directorio de Volcan a Diego Garrido-Lecca, notificándole el mencionado intento de “incluir y aprobar acuerdos, fuera de agenda” y que dichas acciones representan intereses contrarios a la minera.