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La suscripción de la adenda 2 al contrato de concesión del tercer componente del Proyecto Integral de Irrigación e Hidroenergético de Olmos (Proyecto Olmos), en Lambayeque, benefició a una empresa vinculada al concesionario H2Olmos (integrada por Odebrecht) para la compra sin subasta de más de 11,000 hectáreas de lotes agrícolas a US$ 6′976,282, que luego revendieron a US$ 22′493,036.00, alertó la Contraloría General de la República.
El Proyecto Olmos surge para el impulso de la actividad económica en la región Lambayeque y actualmente se encuentra en operaciones con dos de sus tres componentes.
El primer componente consistió en la construcción de una presa y el túnel trasandino de 20 kilómetros para el trasvase de aguas del río Huancabamba hacia la costa peruana (concluido y en operación); el segundo componente comprende la producción de energía a través de una concesión perpetua (en ejecución).
El último componente abarca la construcción de infraestructura hidráulica para la irrigación de lotes agrícolas del valle de Olmos, que eran propiedad del Gobierno Regional Lambayeque (concluido y en operación).
De acuerdo al contrato de concesión del tercer componente (Proyecto Irrigación Olmos), suscrito el año 2010, bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), entre la entidad regional y la concesionaria H2Olmos, las 38,000 hectáreas que lo comprenden debían transferirse a terceros, a través de subastas, como requisito para que la concesionaria realice el cierre financiero necesario para la obtención del financiamiento de las obras.
El contrato de concesión establecía que los compradores de dichas hectáreas no podían ser el concesionario, sus accionistas o empresas vinculadas a ellos.
Antes que transcurran tres años de la firma del contrato, en mayo de 2012, al no obtener los resultados esperados en dos subastas para la venta de los lotes y la obtención de un capital mínimo de US$ 161′500,000, requerido por el contrato de concesión, dos entidades bancarias que no habían sido designadas previamente como acreedores permitidos (entidad que financia un proyecto) por el Gobierno Regional Lambayeque (concedente), sugirieron a la concesionaria modificar el contrato de concesión.
Dicha recomendación se dio pese a que la normativa de APP no permitía la modificación del contrato de concesión dentro de los tres primeros años de su suscripción, salvo se trate de un requerimiento de los acreedores permitidos vinculado al cierre financiero, lo cual no había ocurrido.
Ante este pedido, el concesionario (Odebrecht) solicitó al concedente (Gore Lambayeque) una modificación al contrato de concesión con el fin de permitir que una empresa vinculada a H2Olmos adquiera directamente más de 11,000 hectáreas de lotes que habían quedado pendientes de adjudicación.
La condición de acreedores permitidos que debían tener las entidades bancarias que sugirieron la modificación del contrato, así como el pedido del concesionario, no fueron analizados por el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), en su condición de supervisor, sin perjuicio de lo cual, emitió su opinión favorable, lo que permitió la aprobación y firma de la citada adenda, sin que haya de por medio la acreditación de la excepción que haya permitido modificar el contrato dentro de los tres primeros años de la concesión, ni el sustento técnico y económico financiero respectivo, contraviniendo la normativa de APP vigente y el contrato de concesión.
Esta adenda permitió que se elimine la restricción original del contrato de concesión, permitiendo que la concesionaria adjudique de manera directa (sin subastas) 11,633.846 hectáreas de lotes agrícolas a una de sus empresas vinculadas, por el monto mínimo señalado en el contrato de concesión, eliminado la posibilidad de generar excedentes a favor de las partes (concedente y concesionaria), por cuanto la venta directa no permitió ofertas económicas mayores como sucede en el caso de las subastas.
Así -alerta la Contraloría- el concesionario H2Olmos adjudicó tales hectáreas a favor de una de sus empresas vinculadas (condición anteriormente restringida), sin subastas y sin cumplir requisitos exigidos en las bases de las dos subastas anteriores, por un monto de US$ 6′976,282.00 que, posteriormente, vendió en US$ 22′493,036.00.
Conforme al Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 9543–2020-CG/APP-AC (periodo de evaluación: 30 de junio de 2008 al 05 de marzo de 2014), se ha identificado presunta responsabilidad penal y administrativa de seis funcionarios de Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), entidad supervisora que dio la opinión favorable sin el sustento técnico y económico financiero respectivo, contraviniendo la normativa de APP vigente y el contrato de concesión, para que el Gobierno Regional de Lambayeque (Concedente) suscribiera la referida adenda en mayo del 2012.
Cabe precisar que los resultados del informe de auditoría de cumplimiento fueron notificados al Gobierno Regional Lambayeque y al Proyecto Especial Olmos Tinajones para que dispongan el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios y servidores involucrados, así como a la Procuraduría Pública de la Contraloría General para el inicio de las acciones legales correspondientes.
El informe de auditoría también identificó aspectos relevantes, uno de los cuales es la tramitación de permuta de terrenos comprendidos en el área de la concesión del Proyecto Irrigación Olmos, en los que no se habría considerado los requisitos legales establecidos en el Reglamento Nacional de Tasaciones para la valoración comercial de terrenos del Estado.
