Las patentes, el otro problema de los esfuerzos de vacunación

Representantes de los 164 estados miembro de la Organización Mundial del Comercio se reunieron la semana pasada en Ginebra para discutir una propuesta de India y Sudáfrica de renunciar a amplias secciones de las normas de propiedad intelectual de la OMC y tratar de forjar un acuerdo sobre cómo se debe reconocer las patentes desarrolladas en la carrera contra el COVID-19.

La reunión terminó sin consenso, dejando frustrados a los países más pobres que patrocinaron la propuesta y las protecciones legales para las vacunas intactas. Eso puede ser una victoria para los defensores de la protección de patentes, pero la presión por el cambio solo aumentará si miles de millones de personas en los países más pobres no se vacunan mientras el mundo rico comienza a recibir un flujo constante de dosis de Pfizer Inc. y BioNTech SE, Moderna Inc. y AstraZeneca Plc.

“Con la mayor crisis de salud que hemos experimentado, aún no podemos encontrar formas alternativas de lidiar con los problemas de propiedad intelectual cuando las vidas de todos están en juego”, asegura Tahir Amin, director ejecutivo de la Iniciativa para Medicamentos, Acceso y Conocimiento, una organización que promueve un mejor acceso a las medicinas.

“Hay defensores que dicen ‘derribemos el muro’, y luego hay inversionistas que dicen ‘si abrimos la puerta es como las compuertas’. Tenemos que ser más inteligentes que eso”.

Una patente otorga a una farmacéutica derechos exclusivos para fabricar una vacuna que desarrolló, y también le permite cobrar un precio que cubra los costos de investigación y desarrollo. Su ganancia por dosis, sin embargo, depende de la urgencia de la situación y, en medio de una pandemia, cobrar algo más que los costos de desarrollo seguramente será controvertido.

La propuesta de India requeriría que la exención permanezca vigente hasta que haya habido una vacunación generalizada y la mayoría de la población mundial haya desarrollado inmunidad.

Si es posible conciliar solo será claro a medida que se desarrolla la pandemia. La Unión Europea y EE.UU., hogar de los principales fabricantes de medicamentos, se oponen con vehemencia a la propuesta, aunque los precios pueden ofrecer cierto margen de negociación.

Pfizer y su socio BioNTech han dicho que su vacuna costará US$ 19.50 por dosis en EE.UU. Es probable que sea demasiado para muchos países más pobres, incluso con descuento, especialmente dado el costo de los requisitos de almacenamiento en congelación de la vacuna. Pero la vacuna de AstraZeneca cuesta de US$ 4 a US$ 5 por dosis y es la gran esperanza para el mundo en desarrollo en este momento.

La alianza Covax, un esfuerzo respaldado por más de 90 países ricos que busca aumentar el acceso a las vacunas en unos 90 pobres, ha llegado a un acuerdo con AstraZeneca para comprar y distribuir vacunas.

Si bien Covax ayuda a ampliar la oferta mundial de vacunas, compite con países de altos ingresos para obtener dosis del mismo grupo de proveedores, asegura Leena Menghaney, directora de la campaña de acceso en el sur de Asia en la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras.

“Los esfuerzos globales deberían priorizar el aumento del número de proveedores, y la exención es solo un aspecto de eso”, dice.

El mes pasado, Covax dijo que había recaudado US$ 2,000 millones, pero eso puede no ser suficiente, ya que necesita otros US$ 5,000 millones el próximo año para obtener 2,000 millones de dosis. El martes, la UE y el Banco Europeo de Inversiones anunciaron 500 millones de euros (US$ 608 millones) en financiamiento para ayudar a vacunar a 1,000 millones de personas como parte de ese esfuerzo.

“Somos un mundo integrado”, afirma Fred Abbott, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida. “Todos entienden que se puede vacunar a todos en Estados Unidos, pero si no se vacuna a todos en el mundo, todavía habrá un problema”.

Sin embargo, la presión de los países en desarrollo solo aumentará el próximo año si se dejan a la deriva. ONUSIDA, la agencia de la ONU que combate el virus de la inmunodeficiencia, lo califica como una opción entre “una vacuna para la gente o una vacuna con ganancia”.

Si bien las primeras vacunas se han distribuido en los últimos días en el Reino Unido, nueve de cada 10 personas en los países pobres se perderán la vacuna en el 2021, según Oxfam. Eso hace eco de los primeros días de la respuesta al sida, dijo la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, cuando “el tratamiento solo estaba disponible para los ricos, mientras que los países más pobres tenían que esperar años”.

La Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas argumenta que suspender las patentes representa muchos peligros. Si se renuncia a las patentes esta vez, se corre el riesgo de dañar toda la infraestructura médica que permitió el desarrollo de vacunas contra el COVID en un tiempo récord, asegura su director general, Thomas Cueni.

“La erosión de las protecciones de patentes tiene consecuencias de gran alcance”, escribió en un reciente artículo de opinión del New York Times, citando el desarrollo del ARN mensajero, la innovación subyacente común entre las vacunas de Moderna y Pfizer. “Los científicos ansiosos por explorar los usos futuros del ARNm tendrán dificultades para encontrar inversiones si se quitan las protecciones de propiedad intelectual cuando otros lo consideren necesario”.

Farmacéuticas como AstraZeneca se han comprometido a no obtener ganancias de su vacuna durante el período de pandemia, mientras Moderna ha dicho que no hará cumplir sus patentes durante la pandemia. Incluso los críticos frecuentes de los fabricantes de medicamentos han elogiado algunos de estos esfuerzos.

Hay precedentes de países que suspenden unilateralmente las patentes, pero se han usado raramente desde 1945. La aplicación sería difícil: la mayoría de las solicitudes de patentes aún no se han emitido, y es difícil obligar a las empresas a revelar secretos comerciales como los procesos de fabricación que pueden tener usos generales más allá de las vacunas.

De vuelta en la OMC, los delegados acordaron mantener abiertas las discusiones y debían presentar un informe a la reunión del Consejo General de la OMC el 16 de diciembre, destacando la “actual falta de consenso” sobre el tema, según un comunicado de la organización.

James Pooley, exdirector general adjunto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, reconoce que aunque la propuesta “tiene pocas probabilidades de ir a alguna parte”, puede tener un impacto en el futuro.

“Es el ariete en la puerta”, dice. “Si continúan atacando, se puede romper una bisagra”.