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La empresa Graña y Montero ha convocado a una Junta General Obligatoria Anual Accionistas para el 31 de marzo, fecha en el que se aprobará su gestión del año 2019 (Memoria Anual, Estados Financieros Auditados y otros referente a los resultados), que, de no lograr el quórum necesario, se ha fijado una segunda convocatoria para el día 6 de abril y hasta una tercera convocatoria para el 10 de abril.
En la Junta General de Accionistas se discutirá además la designación de los directores, cuyo periodo termina el día de la sesión, sin embargo, el directorio está planteando que, dado que aún no se concluye el acuerdo definitivo de colaboración eficaz con el Ministerio Pública y la Procuraduría plantean que, “el directorio actual sea elegido por un año adicional y así garantizar la conclusión del trabajo realizado”.
“Desarrolló el proceso de transformación de la compañía, realizando las acciones necesarias para establecer nuevos mecanismos para la toma de decisiones y para el control de la compañía, las cuales se encuentran en proceso de implementación”, sostienen.
En la moción dada a conocer a los accionistas, se detalla que dentro del marco de dicho proceso de transformación se celebró un acuerdo preliminar con el Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Equipo Especial y la Procuraduría Pública Ah Hoc.
“La Fiscalía y la Procuraduría se comprometieron con la compañía a celebrar un acuerdo de colaboración eficaz definitivo que permitirá a la empresa eliminar la incertidumbre que existe en relación a sus contingencias penales”, precisan.
El directorio menciona que las negociaciones en relación con el acuerdo definitivo se encuentran avanzadas; y que, debido a la trascendencia es necesario que se complete la implementación del proceso de transformación de la compañía, resulta conveniente que el directorio actual pueda ser elegido por un año adicional.
Para ello, están proponiendo además modificar el artículo 49 del Estatuto Social de Graña y Montero, estableciendo que los directores pueden ser relegidos indefinidamente, y que el período del directorio termina al resolver la Junta General sobre los estados financieros de su último ejercicio y elegir al nuevo directorio, pero el directorio continúa en funciones, aunque hubiese concluido su periodo, mientras no se produzca nueva elección.
De esta manera, proponen reelegir a los nueve integrantes del directorio conformado por Augusto Baertl, Ernesto Balarezo Valdez, Alfonso de Orbegoso Baraybar, Manuel Del Río Jiménez, Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Rafael Venegas Vidaurre, Roberto Abusada Salah, Christian Laub y Esteban Viton Ramírez.
Asimismo, se plantea una dieta de US$ 4,000 por asistencia a cada sesión de directorio y de US$ 2,000 por asistencia a cada sesión de Comités del Directorio, dejando constancia que la Dieta del Directorio se mantiene igual a la dieta correspondiente al ejercicio 2019.
Finalmente, se propone la continuidad del Auditor Externo para el ejercicio 2020, se trata de la firma Moore Assurance S.A.S, firma representada en el Perú por Vizcarra y Asociados S.C.R.L. (firma miembro de Moore Global Network Limited)
De acuerdo con los Estados Financieros auditados correspondientes al ejercicio 2019, Graña y Montero ha generado una pérdida neta de S/ S/ 875,034,987.90 de la cual aproximadamente S/ 800 millones corresponde al deterioro de la cuenta por cobrar al Estado Peruano, al incremento de la potencial reparación civil, al impacto de la demanda de clase de las acciones de Nueva York y otros efectos menores, todos los anteriores vinculados a los actos reconocidos por ex funcionarios en el proyecto del Gasoducto Sur Peruano. El directorio plantea que la pérdida neta se aplique a la cuenta de resultados acumulados
