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Recibir newsletterEl gigante de tecnología Google amenazó este viernes con tomar acciones contra diez compañías de la India por el impago de la tarifa de servicio de su tienda Google Play, en medio una batalla judicial que podría dar un vuelco a la dinámica financiera de los servicios digitales de pago.
“Durante un período prolongado, 10 empresas, incluidas muchas bien establecidas, han optado por no pagar el inmenso valor que reciben en Google Play al obtener protecciones provisionales de los tribunales”, indicó la plataforma tecnológica en una extenso escrito publicado hoy en su blog.
Sin revelar los nombres de las compañías, Google aseguró que estos mismos desarrolladores que se rehúsan a los pagos sí “cumplen con las políticas de pago de otras tiendas de aplicaciones” en plataformas para Android.
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Ahora “estamos tomando las medidas necesarias para garantizar que nuestras políticas se apliquen de manera consistente en todo el ecosistema”, aseguró.
Las medidas a las que se refiere Google, que se aplicaran “cuando sea necesario”, incluyen la “eliminación de aplicaciones de Google Play” hasta que los desarrolladores se alisten de nuevo aceptando una forma de pago y facturación.
Otra de las alternativas contempla que estas aplicaciones funcionen solo de manera gratuita, incluso si sus servicios son de pago, para permitir que usuarios que han adquirido el servicio fuera del ecosistema de Google puedan seguir accediendo a las apps.
Varias empresas indias iniciaron el año pasado una batalla legal ante la justicia del país asiático denunciando la tarifa que Google impone a los desarrolladores para comercializar sus aplicaciones en la tienda Google Play, al considerar los cobros como “explotadores”.
Aunque el caso será escuchado formalmente por el Tribunal Supremo indio el próximo 19 de marzo, la alta corte se ha negado a otorgar más alivios temporales a las empresas.
“Ningún tribunal o regulador ha negado el derecho de Google Play a cobrar por el valor y los servicios que brindamos”, indicó hoy Google en su comunicado en el que calificó de injusto “permitir que este pequeño grupo de desarrolladores reciba un trato diferenciado de la gran mayoría de los desarrolladores que pagan su parte justa”.
La decisión de la máxima corte de justicia podría marcar un gran precedente para la economía de la infraestructura digital si decidiese respaldar el reclamo de los desarrolladores.
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