El proceso de liquidación de Doe Run Perú continúa sin llegar a un cierre definitivo, enfrenta un nuevo capítulo. Luego que hace unas semanas informáramos de que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopí) mantuvo una multa impuesta al exliquidador (Consultores A-1) por gastos no reconocidos. ¿Qué viene ahora?
Esta vez, la controversia gira en torno al destino de los fondos del fideicomiso ambiental PAMA y de las garantías del Plan de Cierre de Minas, recursos que en conjunto superan los US$ 19.41 millones.
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La reciente designación de Marco Eusebio Chávez Magán como nuevo liquidador de Doe Run Perú ha reactivado la disputa por los fondos de la empresa. Según la información proporcionada por la defensa de Depósitos Químicos Mineros (DQM), acreedor de Doe Run, Chávez Magán solicitó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) una reunión de coordinación para abordar las acciones relacionadas con la liberación de estos recursos, actualmente administrados por Scotiabank.
Sin embargo, sobre dichos fondos pesa una orden de retención vigente, dictada por el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima a favor de DQM, uno de los acreedores de Doe Run Perú.
Los US$ 19.41 millones del fideicomiso PAMA y las garantías del Plan de Cierre de Minas están en el centro de la controversia. Los recursos son administrados por Scotiabank. Foto: Andina
Doe Run: ¿por qué el fideicomiso PAMA está en disputa?
La controversia se remonta a marzo de 2023, cuando el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima dispuso la retención de los recursos. Esta medida fue confirmada mediante un laudo final en julio de ese mismo año.
Posteriormente, en julio de 2024, la Primera Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima ratificó la validez de ambas decisiones arbitrales y estableció que el Ministerio de Energía y Minas debía retener y entregar a DQM los fondos del fideicomiso.
De acuerdo con este escenario, el cambio de liquidador no modifica ni deja sin efecto el mandato vigente. Su eventual incumplimiento podría generar consecuencias legales para las partes obligadas a acatarlo.
Así, para la defensa legal de DQM, el pedido de coordinación presentado por Chávez Magán ante el Minem abre un nuevo frente en la liquidación de Doe Run, pues cualquier decisión sobre estos recursos deberá considerar las disposiciones arbitrales y judiciales existentes.
Marco Eusebio Chávez Magán asumió la liquidación de Doe Run Perú y busca coordinar con el Minem y la Junta de Acreedores las acciones relacionadas con la liberación de los fondos. Foto: Andina
¿El nuevo liquidador puede disponer de los fondos PAMA?
La llegada de Marco Eusebio Chávez Magán abre un nuevo escenario para la disputa por los US$ 19.41 millones de Doe Run Perú. Para entender qué puede cambiar con su designación, es necesario revisar por qué la anterior liquidadora no logró concretar la liberación de estos recursos.
Consultores A-1 ingresó al proceso en enero de 2022, luego de que el Indecopi dejara sin efecto el registro de Alta Sierra Asesores y Consultores. Durante su gestión, la firma concretó la venta de la Unidad Minera Cobriza y la dación en pago del Complejo Metalúrgico de La Oroya a favor de los trabajadores. Con estas operaciones, uno de los asuntos pendientes era la liberación de estos fondos.
En ese contexto, Depósitos Químicos Mineros (DQM) solicitó el apoyo del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para incorporar su pedido de auditoría en la agenda de la Junta de Acreedores. Para avanzar, se requería que el liquidador, el Minem y la Junta coordinaran el envío de una comunicación a Scotiabank para solicitar la liberación de los recursos.
Sin embargo, cuando estas gestiones estaban encaminadas, Indecopi retiró a Consultores A-1 del proceso. Su salida, sumada a la falta de aprobación del Convenio de Liquidación, impidió continuar con las acciones previstas y dejó nuevamente en suspenso la liberación del dinero.
Tras la salida de Consultores A-1, Indecopi recurrió a una bolsa de liquidadores. Alva Legal fue designada inicialmente, pero Marco Eusebio Chávez Magán impugnó esa decisión y consiguió revertirla ante la Sala Especializada en Procedimientos Concursales.
Su designación introduce una diferencia respecto de la gestión anterior: Chávez Magán no necesita contar con un nuevo Convenio de Liquidación aprobado para continuar al frente del proceso. La falta de este acuerdo había sido uno de los obstáculos que impidieron a Consultores A-1 avanzar con la liberación de los fondos.
No obstante, esto no significa que el nuevo liquidador pueda disponer libremente de los US$ 19.41 millones. Para solicitar su liberación, todavía necesita coordinar con la Junta de Acreedores y el Minem el envío de una comunicación a Scotiabank.
DQM busca cobrar US$ 14,54 millones por servicios de almacenamiento, mientras alrededor de 3,500 trabajadores mantienen pendientes sus acreencias laborales. Foto: Andina
¿Lo que reclama DQM?
La disputa por los US$ 19.41 millones también está relacionada con el reclamo de Depósitos Químicos Mineros (DQM), que busca cobrar US$ 14.54 millones por tarifas de almacenamiento, mientras alrededor de 3,500 trabajadores de Doe Run Perú mantienen pendientes sus acreencias laborales.
Según información proporcionada por Consultores A-1, DQM representa apenas el 0.495355% de las acreencias reconocidas en el procedimiento concursal. Sin embargo, para esta firma sus actuaciones y cuestionamientos a la gestión liquidatoria podrían retrasar la liberación de los fondos del fideicomiso PAMA, depositados en Scotiabank, uno de los asuntos pendientes para avanzar hacia la conclusión de la liquidación.
La anterior liquidadora advierte que DQM pretende ejecutar un laudo arbitral para cobrar su acreencia comercial, lo que, desde su perspectiva, podría entrar en conflicto con la atención de las obligaciones laborales, cuya prioridad está reconocida en el artículo 24 de la Constitución y en la legislación concursal.
En esa misma línea, Consultores A-1 advierte que una eventual medida cautelar promovida por DQM para inmovilizar los US$ 19.41 millones podría comprometer la disponibilidad de estos recursos y prolongar la incertidumbre de miles de trabajadores.
