Luego de que la minera Doe Run, del Grupo Renco de Estados Unidos, cerrara su complejo metalúrgico en La Oroya (Junín) en 2009 por disputas legales relacionadas con la contaminación ambiental, este suceso cobra vigencia nuevamente. Y es que un tribunal de Missouri en Estados Unidos autorizó la continuación de un litigio presentado hace 17 años por más de 1,400 ciudadanos peruanos contra el holding minero. En concreto, la corte rechazó la moción presentada por la empresa para desestimar la demanda, la cual alega que las operaciones de dicha fundición causaron envenenamiento en niños.
“Encontraron algunos de los niveles más altos de plomo en sangre en la historia del mundo en estos niños. Eso es lo que finalmente motivó que presentáramos este caso”, comentó el abogado de las víctimas Jerry Schlichter, socio de Schlichter Bogard.
Además, indicó que presentaron varias demandas en el tribunal estatal de Missouri en nombre de los ciudadanos peruanos lesionados, que eran niños en el momento del presunto daño. El letrado representa a los afectados desde 2007, informó Mining.com.
En el momento de la adquisición del complejo La Oroya en 1997, las operaciones de fundición y refinería de la instalación (las segundas más grandes de América Latina) estaban sujetas a un plan de remediación y gestión ambiental destinado a reducir las emisiones de plomo. Sin embargo, la operación recibió posteriormente denuncias por contaminación.
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Los demandante afirman que Doe Run Perú no redujo lo suficiente las emisiones de plomo de La Oroya, como lo exigen los términos del plan de remediación y gestión ambiental, según los documentos judiciales. Además, continuó operando hasta junio de 2009 y, poco tiempo después, la firma inició procedimientos de quiebra.
Las demandas, interpuestas, de conformidad con la ley de Missouri, se basaban en la afirmación de que Doe Run Perú estaba controlada desde Estados Unidos por Doe Run Resources Corp. y sus ejecutivos, cuya toma de decisiones expuso a los demandantes a un envenenamiento por plomo y les provocó deterioro cognitivo persistente e irreversible, señaló el juez Ralph Erickson. Muchas otras demandas siguieron el mismo camino, lo que suma 40 casos consolidados en el tribunal federal de Missouri, según el portal Law 360.
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En respuesta a los reclamos de los demandantes, Doe Run Resources Corp. y su empresa matriz posteriormente solicitaron juicio sumario, en el que argumentaban que debería aplicarse la ley peruana en lugar de la ley del estado de Missouri (Estados Unidos).
El año pasado, el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, presentó un escrito en un tribunal federal que decía que la demanda debía ser tramitada por los tribunales del Perú.
Posible juicio en 2025
“Alegamos, y es un hecho, que todos los actos de negligencia que causaron este daño a estos niños peruanos, tanto en la formación de la entidad en Doe Run como subsidiaria de la Corporación Americana, como en la forma en que se financió, y en la forma en que se orquestó y manejó, todas las decisiones que resultaron en este daño se tomaron en este país, no en Perú”, dijo Schlichter.
Refirió que si Doe Run no presenta una petición ante la Corte Suprema, el caso avanzará hacia un juicio y eso podría suceder tan pronto como el próximo año.
“Estamos comprometidos, como lo han demostrado los últimos 17 años, a hacer lo que sea necesario, sin importar el tiempo que lleve, para lograr justicia para estos niños y sus familias, y estaremos comprometidos hasta el final”, expresó Schlichter. “No vamos a permitir que esta ‘defensa de tierra arrasada’ (estrategia usada para desalentar intentos de adquisición hostil) se interponga en el camino de obtener una compensación por el daño cerebral de estos niños”, finalizó.
Sin embargo, la respuesta de Rennert no se hizo esperar. El empresario solicitó que la Corte Suprema de Estados Unidos revise dicha decisión que da luz verde a un caso de larga data.
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