Augusto Baertl: “Cambiar el nombre de Graña y Montero es una opinión que yo comparto”

Este es un tema –prosigue el ejecutivo– que involucra a un grupo de accionistas. En tal sentido, menciona los nombres de “José Graña, Hernando Graña, Mario Alvarado”, quienes son los que potencialmente pueden vender. “Ellos son los que deben responder”, refiere.

El miércoles G&M informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que la “potencial transacción comprendería la compra directa de acciones representativas del 12.5% del capital social de la compañía y la adquisición de derechos políticos sobre acciones adicionales que correspondan al 12.5% del capital social de la compañía” (Gestión 28.11.2019).

¿Pero hay un pedido de información de IG4 Investimentos?

Eso es correcto. Pero esa información no puede ser pública. No puedo hacer comentarios sobre el eventual entendimiento que puedan tener esos accionistas con el potencial comprador. Además, las acciones están embargadas por la Fiscalía.

¿Eso complica la venta?

Evidentemente. No sé a qué tipo de entendimiento podrían llegar los accionistas y si al final es posible que puedan vender.

Hablamos de un asunto comercial e ingresa el judicial, ¿qué tan complejo es trabajar una compañía cuya reputación está cuestionada?

No mezclemos los asuntos de imagen con los contratos. Si hablamos de contratos, en los últimos 18 meses hemos obtenido contratos con empresas de rango mundial: la minera HP, TEC de Canadá y Anglo American nos han dado contratos importantísimos. Y por qué lo han hecho, porque nos han auditado para saber si habíamos corregido deficiencias del gobierno corporativo. Y nos han dado el visto bueno.

¿Pero qué pasa con la imagen de la compañía?

Lo mediático, lo legal, lo publicitario, ha entrado en una complejidad, en que se mezclan los problemas de las personas con la empresa. La empresa camina. Las personas deben resolver sus problemas. Hay mochilas que cargar, eso es evidente.

¿Una fórmula para aligerar esa mochila es cambiar el nombre?

Siempre el deseo de rejuvenecer la empresa está presente y está en proceso. La cultura interna se ha modificado sustancialmente para hacer negocios.

¿Esa modificación incluye un cambio de nombre?

Seguramente, y esa es una opinión que yo comparto.

¿Qué es lo que más ha cambiado en la compañía?

Hay muchos más protocolos en el manejo de riesgos. Hay un canal ético en el que todos pueden hacer denuncias. Pero sobre todo se responde a las dudas. ¿Le preocupa descubrir nuevos hechos cuestionables? Nunca podré estar seguro de que sé todo lo que ha pasado, pero sí que desde el día uno que llegamos estuvimos comprometidos con la verdad y transparencia. La compañía está entregando toda la información que requiere la Fiscalía desde el primer momento y cuando lo requieran.

¿Qué viene para la compañía?

Vienen mejores cosas. Estamos postulando en diversas licitaciones, pero ya no con el Estado. ¿No se quieren volver a involucrar con el Estado? Hoy no hay un funcionario público que te firme algo. Si asumes una obra del Estado y hay alguna diferencia, es imposible ponerse de acuerdo, por lo que todo termina en un arbitraje que puede ser todo un mundo que dura años. Incluso, si el Estado lo pierde lleva el caso al Poder Judicial.

¿El Estado no es ahora para ustedes un buen cliente?

Ya no es un buen cliente para nosotros

Procuraduría ad hoc decidirá si acciones podrán venderse

La Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato tendrá que decidir si José y Hernando Graña pueden vender el 25% de sus acciones a IG4 Investimentos de Brasil, según conoció Gestión. Precisamente, estas acciones fueron congeladas por el juez Richard Concepción el pasado mes de octubre como parte de las investigaciones por el caso Interoceánica Sur contra ambos empresarios, a pedido del procurador Jorge Ramírez.

Gestión conoció, además, que si bien José y Hernando Graña tendrían la condición de aspirantes a colaboradores eficaces con la fiscal Geovana Mori, dicha situación no los exime del eventual pago de una reparación civil. Por ello, hasta hoy, a José Graña se le embargó de S/ 400 mil en bienes, más las acciones congeladas por el juez Concepción, que aún se desconoce su valor. No obstante, este nuevo embargo sería de una suma mayor, ya que se trata de acciones en la constructora Graña y Montero.

En el mismo proceso penal, Hernando Graña Acuña también ha sido embargado por la Procuraduría ad hoc con bienes y activos valorizados en más de S/ 25 millones. Por el caso Interoceánica, que lo investiga el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, el procurador Jorge Ramírez logró embargos por S/ 65 millones en bienes y propiedades a todos los investigados, incluidos los exdirectivos de las consorciadas de la constructora Odebrecht.