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Únete al canal de GestiónApple iniciará el martes una disputa legal contra una orden de la Comisión Europea que la obliga a pagar 13,000 millones de euros (US$ 14,400 millones) en impuestos atrasados en Irlanda, en un caso emblemático de la lucha del bloque contra la evasión tributaria de grandes multinacionales.
El fabricante del iPhone enviará una delegación de seis personas, liderada por el director financiero Luca Maestri, a una audiencia de dos días en el Tribunal General de la Unión Europea, en Luxemburgo.
En agosto del 2016, la Comisión dijo que decisiones tributarias de Irlanda en 1991 y en el 2007 redujeron artificialmente la carga tributaria de Apple durante más de dos décadas, lo que en la práctica representa una ayuda estatal ilegal.
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, citó la tasa tributaria de 0.005% que pagó la principal unidad de Apple en Irlanda en el 2014 como un ejemplo de los pagos inusualmente bajos de la compañía.
Apple argumentará que no hizo nada mal, debido a que siguió las normas tributarias de Irlanda y Estados Unidos. La compañía planteó razonamientos similares en un blog luego de una decisión tributaria de la UE hace unos años.
La firma dirá a la corte que el grueso de sus impuestos se paga en Estados Unidos debido a que la mayor parte del valor de sus productos -incluido diseño, ingeniería y desarrollo- se crea en ese país.
Irlanda, que ha acusado a la Comisión de exceder sus poderes e interferir con la soberanía nacional de un miembro de la UE sobre asuntos tributarios, también apelará la decisión del bloque.
El régimen fiscal irlandés es muy atractivo para las multinacionales, que emplean a cerca de un 10% de la fuerza laboral del país.
Luxemburgo apoya a Irlanda, mientras que Polonia respalda a la Comisión. Vestager también se ha concentrado en acuerdos ventajosos ofrecidos por Holanda a Starbucks, Luxemburgo a Amazon, Fiat y Engie, así como en el esquema tributario británico para las multinacionales.
La campaña del ejecutivo de la UE contra la evasión fiscal sufrió un revés en febrero de este año, cuando el Tribunal General desestimó su falló contra un beneficio tributario que Bélgica extendió a BP, BASF y más de 30 multinacionales, afirmando que no era un régimen de ayuda.
