El Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de ley del Código Procesal del Trabajo, elaborado a iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), y que busca modernizar el sistema de justicia laboral en el país, reducir los tiempos de resolución de los procesos y fortalecer la seguridad jurídica de los trabajadores.
“El presente ordenamiento se denominará “Código Procesal del Trabajo”, correspondiéndole a la justicia laboral resolver los conflictos jurídicos que se originan con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa; están excluidas las prestaciones de servicios de carácter civil, salvo que la demanda se sustente en el encubrimiento de relaciones de trabajo”, señala el documento.
En ese sentido, se especifica que “en todo proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso”. Además, que “el proceso laboral es gratuito para el prestador de servicios, en todas las instancias, cuando el monto total de las pretensiones reclamadas no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP)” equivalente a S/ 515.00, que es el 10 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
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Alcances del proyecto de ley
Alcances del proyecto de ley
Trámites más rápidos
Entre las principales medidas que implementa este código, está el establecimiento del trámite de los procesos laborales bajo un estricto orden cronológico, con excepción de los casos de personas vulnerables, como mujeres embarazadas, menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores y víctimas de hostigamiento laboral.
Asimismo, el nuevo código implementa la creación de procesos laborales más ágiles y especializados, como el “Proceso Único Laboral”, que sustituirá a los procedimientos ordinarios y abreviados, así como el “Proceso Monitorio”, destinado a obligaciones de menor cuantía.
También se introduce el “Proceso de Tutela de Derechos Fundamentales”, que dará protección especial y rápida ante violaciones de derechos fundamentales, entre los que figuran la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. La limitación de la jornada de trabajo, conforme a ley, salvo las excepciones que esta establezca. Al honor, a intimidad, la imagen y el secreto de las comunicaciones privadas.
Uso de tecnología
Además, el uso de pruebas tecnológicas, obtenidas de dispositivos electrónicos o digitales, que serán admitido como evidencia en los procesos, lo que moderniza la práctica judicial y facilita la incorporación de pruebas. Asimismo, suprime el abandono como forma especial de conclusión del proceso. Así, cuando el trabajador demandante, por falta de recursos económicos, no pueda continuar con el proceso, este quedará suspendido y no concluido, para ser impulsado en cualquier momento.
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Registro de sanciones judiciales
Otro de los aspectos importantes es que el código también incluye la creación de un registro público de empleadores y trabajadores sancionados judicialmente por incumplir sus obligaciones laborales, que será administrado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Esta medida fomenta la transparencia y busca incentivar el cumplimiento de la normativa laboral.
Requisitos para una demanda
De acuerdo con la norma, una demanda deberá presentarse por escrito y debe contener los requisitos y anexos establecidos en la norma procesal civil como la designación del juez ante quien se interpone, datos de identidad, dirección domiciliaria, la situación laboral del demandante, si es un trabajador individual, con indicación del tiempo de servicios, función o cargos desempeñados y la última remuneración percibida.
Asimismo, debe desarrollar la teoría del caso (narrativa de los hechos), incluir el monto total del petitorio, así como el monto de cada uno de los extremos que integren la demanda y no incluir ningún pliego dirigido a la contraparte, testigos o peritos.