Luego de varios años de su creación, la ley de promoción de desarrollo de la Amazonía no ha tenido los resultados esperados y ha terminado frenando el avance de la región.
En el marco de la Expo Amazónica Ucayali 2026, representantes empresariales y autoridades expusieron cómo los continuos cambios legales terminaron encareciendo los productos locales, mientras el Estado sigue sin construir la infraestructura básica necesaria.
Uno de los principales problemas está asociado a la forma en la que se establecieron los impuestos.
Leonardo López, representante de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), explicó que la ley aplicó una exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los productos en la selva para proteger al consumidor local. Sin embargo, al no cobrar el impuesto a sus clientes, las empresas de la zona tampoco pueden utilizar el IGV que pagaron al comprar insumos, contratar servicios o importar maquinarias como crédito fiscal.
“Mientras en el resto del país pueden utilizar el IGV como crédito fiscal, en la selva no pueden. Esto es lo que denominamos el ‘arancel de la selva’. Mientras el resto del país paga un arancel que puede ser de 6% u 11%, en la selva, cuando pagan en la importación o en la compra de un bien, están pagando un arancel de 18%”, precisó.
Con esta desventaja, fabricar o procesar bienes en la Amazonía resulta más costoso que hacerlo en la costa. Uno de los sectores afectados fue el de la agroindustria, indicó Manlio A. Nicolini, gerente general de Palmagro.
Según comentó, la eliminación del beneficio del reintegro tributario y de la exoneración del IGV a la importación dejó al sector agroindustrial en desventaja, obligándolo a asumir el impuesto como un sobrecosto no recuperable.
“Mientras no haya un reintegro tributario, vamos a ser incompetentes, no por voluntad nuestra, sino porque las leyes nos las quitaron”, señaló. A esta barrera se suma la distancia, pues mover insumos y trasladar producción desde o hacia Lima demanda un gasto logístico más alto que los propios productores amazónicos terminan asumiendo, indicó el senador Jorge Velásquez.
“Para traer productos desde Lima hasta acá recorremos 847 kilómetros y el costo de traslado de estos materiales que vamos a transformar y le vamos a dar valor agregado, el costo del flete, prácticamente lo subsidiamos con el transporte de carga”, dijo.
Pero el estancamiento regional no se debe solo a las fallas tributarias o logísticas, sino a que el propio Gobierno central jamás ejecutó los fondos de infraestructura previstos en la norma.
Alfonso Morante, director en Grupo Pro Amazonía, recordó que la ley original contemplaba alimentar un fondo revolvente de obras públicas durante 25 años con el 10% del presupuesto de inversión de diversos ministerios, pero al no transferirse esos recursos, la región nunca pudo construir los puertos, carreteras ni la conectividad básica que necesitaba.
“La ley no ha funcionado no porque sea mala, sino porque no se ha cumplido, sobre todo en la parte que era el espíritu de la norma, que era la promoción o el cierre de brechas de infraestructura. ¿Dónde está ese fondo? ¿Qué pasó con el 10% que tenían que dar diferentes ministerios de su presupuesto de inversión para la Amazonía por alrededor de 25 años? ¿Dónde está ese dinero? Nunca llegó”, refirió.
El impacto es mayor para las poblaciones originarias. Fernando Velázquez, presidente de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú, explicó que la ley tuvo un efecto “mínimo o nulo” sobre los emprendedores nativos debido a que el sistema financiero tradicional exige requisitos inaccesibles para las economías comunales.
Ante esta rigidez, las comunidades se vieron impedidas de obtener financiamiento para impulsar y formalizar sus emprendimientos.
