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Los procesos de compras públicas en el Perú han sufrido una serie de modificaciones en los últimos años, sin embargo, una buena parte de los problemas se generan desde la elaboración de los documentos técnicos o términos de referencia para las compras de bienes o contrataciones de servicios.
Según las acciones de supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a agosto de este año, el 26% de los documentos mencionados fueron calificados como “graves”, mientras que el 74% tiene observaciones que son “subsanables”.
La presencia de estas deficiencias tiene impacto negativo en el proceso de contratación, generando dilaciones, reprocesos y potenciales controversias en la ejecución contractual, lo que significaría costos mayores para el Estado.
Tiempos largos
En la actualidad, una adjudicación, desde que se hacen los términos de referencia, hasta que se realiza la selección del proveedor del bien o el servicio dura más de cinco meses.
Para la contratación de servicios las actuaciones preparatorias toman 68 días calendario en promedio, mientras que el proceso de selección demora 58 días hábiles. En el caso de la compra de bienes, son 67 días calendario para la preparación del proceso y 53 para la selección de los proveedores.
Es decir, la fase del proceso de contratación que mayor tiempo toma a las entidades es la referida a las actuaciones preparatorias, lo cual evidencia dificultad para definir los requerimientos
Pocos postores
Otro problema al que se enfrentan las contrataciones y compras del Estado es que el número promedio de postores por procedimiento de selección es muy bajo. Las cifras de OSCE muestran que en la adjudicación simplificada hay menos de dos postores que se presentan por procedimiento, mientras que en la subasta inversa electrónica y licitación pública no se alcanza ni siquiera tres postores que presenten ofertas en cada concurso público.
En el caso de subasta inversa electrónica, el número mínimo de postores exigido para su validez es de 2, siendo que, en el año 2020, apenas se superó el número mínimo de postores para este tipo de procedimiento.
El Dato
De acuerdo con el OSCE, en el 2020 hubo 558 proveedores del Estado sancionados, mientras que en lo que va del 2021 la cifra se ha elevado a 1,153 sanciones.
Gobierno quiere proceso especial para emergencias
En la propuesta de delegación de facultades legislativas presentada por el Poder Ejecutivo al Congreso, se plantea emitir una nueva ley de contrataciones del Estado donde se precise una regulación específica para los casos de emergencia, como la pandemia.
La intención es que no se limite exclusivamente al procedimiento de selección no competitivo (actualmente denominado contratación directa), toda vez que, de la experiencia obtenida producto de la pandemia, se ha evidenciado que existen otros mecanismos que, dependiendo del mercado, podrían utilizarse sin necesidad de la emisión de normas excepcionales.
