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Los centros educativos o universidades peruanas, con características particulares, como la presencia de animales, uso de productos químicos, fertilizantes, uso de aguas de fuente natural, insumos hospitalarios o residuos sólido especiales serán supervisadas y fiscalizadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad especializada en la supervisión y fiscalización ambiental en el país. Ello, a partir de un Decreto Supremo N.º 010-2023-Minedu que redefine las responsabilidades y competencias en materia de fiscalización ambiental en el sector educativo.
Esta modificación, publicada en junio, tiene como finalidad promover la sostenibilidad y asegurar un adecuado cumplimiento de las normas ambientales en el sector educativo.
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Vito Verna, socio de Derecho Ambiental de CMS Grau, explicó a Gestión que con esta transferencia de funciones, el sector educativo contará con una autoridad dedicada exclusivamente a la fiscalización ambiental, lo cual representa un cambio significativo para el cumplimiento de las normativas en este ámbito.
“La supervisión y fiscalización ambiental debería priorizarse de acuerdo con el riesgo ambiental de cada actividad concreta (...) Es previble que OEFA despliegue una actividad de supervisión y fiscalización mucho más intensa que la que actualmente existe, por lo que es muy importante que las instituciones educativas y deportivas verifiquen el cumplimiento de las normas establecidas en sus respectivos instrumentos de gestión ambiental y la legislación ambiental vigente”, agregó.
Al consultarle sobre si la fiscalización representaría una amenaza para el desarrollo y práctica de algunas carreras que se dictan en las universidades, el experto en Derecho Ambiental dijo que “solo contribuye con mejorar el cumplimiento de la ley ambiental. Esta norma no crea nuevas obligaciones para las entidades que están en este sector económico”.
“En caso alguna entidad no cumpla con alguna obligación legal ambiental, deberá invertir recursos para regularizar su situación y así gestionar mejor los riegos ambientales que genera como parte de su actividad. Así como implementar programas de capacitación en materia ambiental para la comunidad educativa a su cargo”, detalló.
Cabe precisar que la transferencia de funciones, para el caso de Educación, ha sido prevista para el primer semestre del 2024.
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