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El Perú tiene una cartera de proyectos mineros que podría desplegarse hasta el 2040, y que, con condiciones medianamente adecuadas, podría ofrecer un crecimiento de la inversión del sector de alrededor de 10% este año. Sin embargo, el escenario actual de conflictos y baja competitividad evita que esto suceda, señaló David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas.
El Banco Central de Reserva (BCR) estima que la inversión minera se contraerá en el 2022 y 2023 en 5% y 16%, respectivamente (en marzo se estimaba contracciones de 0.8% y 15%), contemplando la finalización de la construcción de los proyectos de cobre Mina Justa, Quellaveco y la ampliación de Toromocho.
De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), los proyectos de construcción al 2021 totalizan US$ 53,200 millones (35 proyectos de minas nuevas por US$ 48,300 millones y ocho proyectos por US$ 4,800 millones en ampliación o reposición de minas ya existentes).
Tuesta señaló que el Perú ha tenido una degradación con respecto a la atracción de inversión y competitividad a lo largo de los años, lo que se ha hecho más nítido con el contexto de conflictividad social.
Mencionó que esto se refleja en rankings como el Índice de Atracción de Inversiones (IAI) - elaborado por el Instituto Fraser- y el Índice Global de Competitividad (IGC), en donde Perú se encuentra rezagado frente a otros países de la región, y también por debajo de los niveles de años pasados.
“No hay un buen clima de negocios, y eso evita que se invierta más allá de que existe el potencial. Este gobierno resta competitividad a la economía, y en particular al sector, con la prohibición de la tercerización laboral y la mala gestión de los conflictos sociales mineros. No hay un marco institucional fuerte para hacer respetar las leyes”, señaló el también presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC).
Al respecto, el BCR señaló, en su Reporte de Inflación del mes de junio, que la inestabilidad política, la carga regulatoria gubernamental y los conflictos sociales se han acentuado en el país. En el último caso, los conflictos en regiones con importantes proyectos mineros deterioran la confianza y el entorno para los negocios.
“La minería hubiera crecido 12% en lugar de 9.7% en el 2021 en ausencia de los conflictos sociales. De otro lado, aunado a un clima de negocios adverso, la persistencia de restricciones estructurales (alta brecha en cantidad y calidad de infraestructura, fuerza laboral de baja productividad y que opera en la informalidad, y baja capacidad de innovación y barreras burocráticas) desalienta la inversión privada, y de agudizarse, se afectaría el crecimiento potencial, lo que dificultaría la generación de empleo formal”, indicó el BCR en el documento.
Tuesta señaló que el crecimiento en la inversión minera, en un escenario tan atractivo como hace cinco años, podría ser de 10% en el 2022.
“Perú ha retrocedido 30 puntos (en el índice Fraser) desde el 2017 (79 puntos). Por ejemplo, con un índice en esos niveles, que no nos ubicaba como el mejor país en términos de inversión, se podría hablar ahora de un avance de 10% en la inversión del sector minero. Se permitía al menos generar cierto estándar o confianza. Si regresáramos a 79 puntos definitivamente no habría una contracción este año. Ha habido un deterioro acelerado, y es preocupante pues no hay perspectivas de mejora”, afirmó.
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Tuesta mencionó que bajo un escenario de una inversión privada minera creciendo en 10%, Perú debería, considerando el efecto multiplicador, crecer entre 5% y 6% en el 2022.
“Si al menos se pusiera en marcha una cuarta parte de la cartera de inversión minera que factiblemente se podría hacer en los próximos diez años, el PBI per cápita del Perú podría duplicarse en el 2030. El que haya recrudecido la conflictividad minera está restando un punto de crecimiento al PBI, y hace que se piense en niveles de crecimiento de alrededor de 3%”, indicó.
En corto
El Banco Central de Reserva redujo su proyección de crecimiento de Perú de 3.4% (estimado de marzo) a 3.1%, en donde se destacó la reducción del estimado para el sector minero de 5.9% a 2.9%.
Todo ello principalmente por los conflictos mineros en Cuajone (retomó operaciones luego de 54 días de para) y Las Bambas (paró sus actividades desde el 20 de abril, y las retomó el 15 de junio, aunque de manera temporal).
