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Si bien Lima y Callao reciben un suministro fluido y constante de electricidad, no sucede lo mismo en ciudades del interior del Perú, que cada vez enfrentan mayores problemas en la calidad de ese servicio, reflejado en continuos cortes del mismo y caídas en la tensión.
Esta situación se refleja en el número de reclamos que se registraron en el 2022. Según las últimas cifras disponibles de la supervisión de ese servicio del Osinergmin, las distribuidoras eléctricas en general a nivel nacional recibieron 1′041,545 denuncias (de los usuarios del servicio) lo que significó un incremento del 4.8% respecto al año anterior.
¿Qué reclaman los usuarios?
El 53.4% de los reclamos -que se recibieron a través del Registro Histórico de Denuncias-, correspondió a denuncias por interrupciones del servicio eléctrico, y el 33.8% comprendió deficiencias en la provisión del alumbrado público.
Pero, además, en lo que respecta a los cortes del suministro, las duraciones promedio de esos apagones en el 2022 fueron de más de 25.15 horas, una cantidad creciente respecto al 2021 (24.49 horas) y del 2020 (23.24 horas).
En su mayor parte, esas interrupciones se dieron en el segmento de la distribución eléctrica, en menor medida se atribuyó a la transmisión, y en mucho menor proporción a la generación de la energía.
Asimismo, el último año la frecuencia promedio de la ocurrencia de esas interrupciones fue de 9.8 veces (por año).
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Empresas públicas, las que más interrupciones registran
Aunque el regulador no detalla sobre qué tipo de distribuidoras (públicas o privadas) recayó proporcionalmente en el 2022 las mayores interrupciones en duración y frecuencia de las mismas, su última estadística al 2018, las atribuye principalmente a distribuidoras del Estado, pues las de Lima Metropolitana están dadas en concesión a privados.
Según el experto en electricidad Rafael Laca, en efecto, las mayores deficiencias en el suministro eléctrico se aprecian en ciudades del interior del país (en el ámbito de las distribuidoras públicas), no solo por más ocurrencia de cortes, sino de la baja calidad del servicio.
Por ejemplo, explicó, los usuarios domésticos, en lugar de recibir 220 voltios (que es el voltaje regular) reciben menos, lo que deteriora sus aparatos electrodomésticos, y que lo mismo ocurre con los usuarios industriales.
Estos últimos, detalló, en vez de 440 voltios (que son lo que contratan para operar sus plantas), en algunos casos reciben menor voltaje, por ejemplo 380 voltios, lo que afecta su producción, y no pueden recibir más corriente eléctrica, debido a que las redes de las distribuidoras públicas están ya saturadas.
¿Qué dice el Minem ante el problema?
Al respecto, el viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem) Jaime Luyo, en diálogo con Gestión, reconoció que existen problemas técnicos como los antes mencionados, y que atribuyó a las distribuidoras estatales, pero también al holding estatal que las administra, la corporación Fonafe.
El Fonafe administra 16 empresas eléctricas, de las cuales cinco son generadoras, y 11 son distribuidoras, que cubren con sus servicios al 69% de la población y el 96% del territorio.
“Por los resultados, la mayoría (de distribuidoras públicas) con algunas excepciones, funcionan no solo mal, sino hasta pésimo. Hay problemas técnicos como los que se mencionan, pero también administrativos… “, afirmó.
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La mayoría no cumpliría sus planes de inversión
Luyo refirió que hay dos empresas (de distribución) en el sur que funcionan relativamente bien y cumplen con los proyectos que programan, y que han inaugurado líneas de transmisión, “pero las otras, ni siquiera están a la mitad (de cumplir sus proyectos programados)”.
Resolver esa situación -añadió- requiere un nuevo diseño de la gestión de las empresas públicas, pues indicó que el argumento de estas firmas es que el Fonafe no les permite invertir “y eso tiene que cambiar”.
“El problema es que el MEF (al que está adscrito Fonafe) interviene en todos los sectores. Y realmente, respecto al sector eléctrico, (en ese ministerio) creen que los proyectos eléctricos son iguales a los de energía civil o hidráulicos, pero son diferentes. Esa influencia se refleja en la tramitología (para su aprobación)”, aseveró el viceministro.
Gestión consultó al Fonafe respecto a los problemas comentados por el viceministro Luyo, que enfrentan las mencionadas empresas estatales bajo el ámbito de esa entidad, pero hasta el envío de este reporte no recibió respuesta.
Proyectos en subtransmisión atrasados
Fuentes del sector empresarial eléctrico contaron que existen 137 proyectos de subtransmisión aprobados por el regulador dentro del Plan de Inversión en Transmisión, que debían ejecutar hace ocho años atrás las distribuidoras estatales, pero hasta hoy no concretan.
Esa situación hace que, indican, como dichas empresas no pueden recibir más electricidad (por falta de nuevas redes), para poder atender sus servicios, tienen que usar más grupos generadores a diésel, cuyo costo se traslada en forma de mayores tarifas de luz a todos los usuarios regulados, bajo el concepto de cargo por generación adicional.
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