Como parte del control posterior de la Contraloría General de la República, el contralor Nelson Shack mencionó lo alcanzado en lo que va del año. En total, lo controlado por la entidad es de S/ 7,409 millones. De ello, se han observado S/ 2,768 millones en transacciones. “Estas son las observaciones generan las responsabilidad administrativas, civiles y penales”, apuntó.
“De estas observaciones, hay S/ 1,313 millones ‘constantes y sonantes’ que han constituido un perjuicio económico para el Estado”, resaltó Shack.
A la fecha, ya se ha imputado responsabilidad administrativa, civiles y penales a 5,664 funcionarios públicos.
“De estos, en la práctica, el Gobierno nacional tiene unos 1,700 (funcionarios), los gobiernos regionales tienen 1,400 y son 2,500 en el caso de los gobiernos locales”, destacó el contralor.
El Gobierno nacional y regionales
Dentro del Gobierno nacional, casi el 80% está concentrado en el Poder Ejecutivo, es decir, en los ministerios y las entidades públicas que dependen de esta cartera.
Exactamente son 1,779 funcionarios involucrados en este nivel de gobierno. Con ello, 1,390 corresponden al Ejecutivo (sobre todo a salud, protección social, energía, defensa y seguridad nacional, y educación); 95 corresponden a otros poderes del Estado y organismos autónomos; y 285 están involucrados con universidades.
En las regiones, son 1,473 funcionarios detectados por la Contraloría. Se concentraron sobre todo en Apurímac (125), Ayacucho (129) y Junín (105).
“La Contraloría hace su trabajo y este es alertar, reflejar y revelar los hechos irregulares que se presentan. Parte del problema fundamental es que cada vez tenemos más capacidad para poder detectar estos hechos, pero lamentablemente la impunidad sigue estando presente porque no hay sanción efectiva. En una sociedad la sanción efectiva la pone siempre el Sistema de Justicia (...) En otras palabras, hasta que siga habiendo impunidad, la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional no va a ser tan efectiva como se esperaría”, puntualizó Shack.