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El Congreso de la República tiene en la agenda del pleno la insistencia de una norma que crearía una especie de asociación pública privada (APP) para obras de agua, pero de manera encubierta, pues no pasaría por los controles que tiene este esquema ni el de las obras públicas.
Se trata del proyecto denominado “agua en bloque”, por el cual se pretende que el Estado compre agua y contrate servicios de tratamiento de aguas residuales a empresas del sector privado.
Lo que se busca con esta iniciativa es que las empresas prestadoras de saneamiento (EPS) del país puedan contratar el abastecimiento de agua potable y tratamiento de agua residual por 25 años. La ley vigente permite 20 años para el caso del agua y solo seis años para las plantas de tratamiento.
Pero el proyecto de ley no solo se trata de una transacción, sino que señala que para que se cumpla, la empresa privada necesita construir una infraestructura para llevar esta agua a los clientes finales, situación similar a una APP, pero sin pasar por ningún tipo de filtro, como sí lo hacen las APP y los proyectos de inversión pública.
Y es que el proyecto plantea que al finalizar los 25 años de contrato, la infraestructura que se genere pasará a ser administrada por el Estado, modelo también similar al de las APP.
Esta iniciativa legislativa fue aprobada por el pleno del Congreso en enero último, pero con opiniones contrarias por parte del Poder Ejecutivo. Por un lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ProInversión y Sunass cuestionaron la medida y, por otro, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y Sedapal la apoyaron.
Finalmente, una vez que llegó la autógrafa al despacho del presidente Pedro Castillo, este decidió observarla. Ahora el Congreso nuevamente la tiene en agenda.
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Único postor
En un sector del Gobierno que se opuso desde el inicio a la norma, hay una serie de preocupaciones. Una de ellas es que se estaría legislando para que solo una empresa pueda realizar la venta de agua al Estado.
Las fuentes de Gestión señalaron que para que una empresa pueda ofrecer o vender agua debe tener el derecho por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Actualmente solo existe una empresa eléctrica que tiene ese derecho de agua: Fénix Power que opera en Chilca. Esta desaliniza agua del mar y podría construir una nueva planta desalinizadora y vender agua potable.
Además, mientras las APP pasan por un sistema que tiene pesos y contrapesos (cinco fases, hitos de control, pluralidad de evaluadores) y que a través del proceso de promoción puede generar competencia, el “agua en bloque” es desarrollado por la EPS con opinión del regulador respecto a los aspectos tarifarios y con posible postor único.
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Desincentivo para iniciativas privadas
Esta iniciativa ya viene desincentivando la continuidad de las iniciativas privadas en cartera para construcción de proyectos de saneamiento. Por ejemplo, el proponente del proyecto de Plantas de Aguas Residuales (PTAR) Sur ya informó que no realizará gastos en los estudios, en tanto no se esclarezca los incentivos de continuar cómo APP frente al esquema de “agua en bloque”.
De esta manera, se reduce la confianza en el sistema de APP al crear un mecanismo “parecido” con menos filtros, que si bien puede ser más eficiente en tiempo, no genera una certeza de que el proyecto será logrado, pues el riesgo es muy alto.
