El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone la Ley General de Contrataciones Públicas. El dictamen recaído en los proyectos de Ley 5472/2022, 5362/2022, 6475/2023 y 7388/202 obtuvo 91 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones. Además, fue exonerado del trámite de segunda votación.
Esta iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo, tiene como propósito dinamizar el gasto público y brindar mayor celeridad y eficiencia a los procesos de contratación en los tres niveles de gobierno a fin de maximizar el uso de recursos públicos.
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¿Qué plantea?
La propuesta plantea un marco normativo para efectivizar la contratación oportuna de bienes, servicios y obras, así como regular, en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, la participación de los actores involucrados en el proceso de contratación pública.
La Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (DGA), el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), la Central de Compras Públicas (Perú Compras), las entidades contratantes y los proveedores son los actores aptos para participar en los procesos de contratación.
El texto aprobado fue consensuado entre la Comisión de Economía, Banca, Finanza e Inteligencia Financiera y en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado.
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Obras públicas podrían costar hasta 50% más
La Ley de Contrataciones vigente señala que las entidades públicas pueden aprobar, por su cuenta, incrementos de hasta 15% del costo original, pero con excepciones.
La entidad podría aprobar un adicionar de obra de entre 15% a 30% solo si cuenta con los recursos necesarios, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Un adicional entre 30% a 50% se aprobaría solo con el visto bueno de la Contraloría General de la República.
En el caso de obras bajo el sistema de “entrega de solo construcción” los incrementos se aprobarían solo por umbrales.
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