La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del parlamento aprobó -por mayoría- insistir en la autógrafa de la ley que garantiza el cumplimiento de la Ley 29625, que establece la devolución de dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo, priorizando a la población vulnerable a raíz de la pandemia del COVID-19.
La propuesta había sido observada por el Poder Ejecutivo el último 11 de febrero.
La decisión se tomó luego de un breve debate, que determinó por siete votos a favor del dictamen de insistencia y cuatro en contra.
La presidenta de ese grupo de trabajo, Silvia Monteza Facho, sustentó la propuesta señalando que las disposiciones normativas contenidas en la autógrafa de ley se encuentran dentro del marco competencial del Poder Legislativo.
“En consecuencia no existe vulneración alguna al principio de separación de poderes”, afirmó, al tiempo de agregar que se cuestiona el criterio con el cual se determina el monto que se les debe a lo exaportantes del Fonavi.
La aprobación del dictamen ocurrió después de rechazar una cuestión previa planteada por el congresista Jorge Morante Figari para que primero se convoque a los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas y de Justicia, a fin de que aclaren el panorama económico y jurídico en que se encuentra inmersa la propuesta legislativa. La votación registró siete votos en contra y seis a favor.
Similar fue la posición del congresista Germán Tacuri Valdivia de Perú Libre y de su compañero de bancada, Pasión Dávila Atanacio, quien demandó conocer primero la situación en que se encuentra la caja fiscal y analizar lo que pueda interpretar el Tribunal Constitucional a fin de llegar a un consenso.
No compartió esa idea el congresista Carlos Anderson de Podemos quien sostuvo que con la aprobación de la insistencia, el Poder Ejecutivo debe cumplir con el pago a los fonavistas.
Dijo que el pago no tiene que ser nuevamente calculado y que están claros los flujos que tienen que ser actualizados, “De repente al ministro de Economía S/ 42,000 millones le resulta una cifra exagerada, bueno, pues, qué pena, porque eso es resultado de haber ignorado durante 40 años esta deuda”, dijo.
La congresista Rosío Torres Salinas de APP destacó que los fonavistas vienen persiguiendo desde hace 22 años el pago de una deuda que ha sido reconocida por el Ministro de Economía. “Es momento de pasar a la historia reivindicando a dos millones de trabajadores que aportaron al Fonavi”, anotó.
-Autógrafa-
Según la autógrafa, para atender la devolución del Fonavi se necesitarían S/ 42,000 millones, lo cual representa el 21% del Presupuesto Público del 2022, así como el 117% y 183% del Presupuesto Institucional de Apertura del 2022 asignado a Educación y Salud, respectivamente. También representa ocho veces el presupuesto asignado a programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
En ese sentido, los ingresos destinados a financiar el Presupuesto Público no cubrirían el pago inmediato de la devolución del Fonavi, lo que hace inviable programar dicho gasto, sostuvo el MEF.
“Asimismo, destinar recursos del Tesoro Público para el pago de la devolución de los aportes del Fonavi implicará un ajuste severo en el gasto de sectores prioritarios, retrasando la atención de necesidades de la población en temas como la salud, educación y programas sociales. Además, la propuesta normativa del Congreso contravendría las reglas para la estabilidad presupuestaria contenida en la Ley de Equilibrio Financiero”, remarcó el MEF.
La devolución del Fonavi inició hace seis años (enero del 2015), bajo los alcances de la Ley N° 29625. Hasta noviembre del 2019, en que el Tribunal Constitucional dispuso la inconstitucionalidad de la fórmula empleada, se habían devuelto S/ 1,345 millones a 1′084,598 fonavistas.
El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, señaló que es compromiso del Gobierno devolver los aportes a los fonavistas, de la forma más rápida posible, incluyendo su actualización.
Para ello, el Ejecutivo presentará un proyecto de ley que permita dar viabilidad a la devolución de los aportes de los fonavistas, como alternativa a la autógrafa aprobada por el Congreso y a la Ley N° 31173.