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Cinco inversiones mineras están en riesgo ante la ola de violencia -que ha llegado incluso a la quema de instalaciones como en la minera aurífera Apumayo en Ayacucho- sin que, hasta el momento, la administración Castillo tome medidas/acciones concretas para evitar el daño a la propiedad y liberar las carreteras tomadas, que afecta el libre tránsito.
En esta situación se encuentran Antamina y Las Bambas cuyas operaciones han paralizado. A lo que suma la Unidad Minera Uchucchacua de Compañías de Minas Buenaventura. Otras minas que también encaran el bloqueo de carreteras son Constancia de Hudbay Minerals y Antapaccay de Glencore.
En el caso de Antamina -que decidió suspender sus operaciones el domingo pasado- el conflicto empezó el domingo 24 de octubre cuando la comunidad campesina Aquia inició un paro contra la minera por una presunta usurpación ilegal de tierras e incumplimiento de su responsabilidad social. A esta medida de fuerza se sumaron en el transcurso de la semana los pueblos el corredor minero.
Mientras que en Las Bambas, el 18 de octubre a se inició un nuevo bloqueo en el Corredor Vial Sur, la que estuvo tomada por 10 días. El último miércoles se logró un nuevo acuerdo con las comunidades campesinas de Cotabambas y Progreso en Apurímac.
Básicamente, las partes se comprometieron a relanzar el espacio de diálogo que había quedado quebrado tras la renuncia del exprimer Guido Bellido, lo que había motivado la reanudación de las protestas contra la mina.
En quincena de octubre, Minas Buenaventura informó que suspenderá temporalmente las actividades de explotación y procesamiento de mineral en la Unidad Minera Uchucchacua, ubicada en la provincia de Oyón (Lima). La minera tomó esta decisión ante la medida de fuerza que mantiene desde hace más de un mes la comunidad vecina de Oyón y que ha paralizado la producción de la unidad.
En Cusco, las comunidades des distrito de Livitaca, en Chumbivilcas, iniciaron un paro indefinido mediante el cual solicitan la firma de un nuevo convenio marco con la empresa minera Hudbay, que opera la mina Constancia. Actualmente existe un convenio que fenece en 2022 y según este acuerdo la minera debe entregar S/ 3.5 millones para obras comunales.
A esta medida se sumaron pobladores de al menos 10 comunidades campesinas del distrito de Chamaca quienes acusan a Hudbay de presunta contaminación ambiental por la presencia de una planta de procesamiento y un pozo de lixiviados de la mina Constancia.
-Impacto a la economía-
En diálogo con Gestión, el director de la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE), Carlos Gálvez, calificó como “una tragedia” la ola de violencia desatada en contra de la inversión minera ya que -más allá de los impactos económicos- mella la imagen del Perú a nivel internacional y la posibilidad de atraer nuevas inversiones, en un momento clave para la economía peruana, que está en plena recuperación de los efectos del COVID.
“El daño numérico (en impuestos sin recibir) tiene poca relevancia con la imagen internacional del Perú para la llegada de inversiones. Nadie en su sano juicio va a mirar al Perú como un destino de inversiones -valga la redundancia- si la actividad más importante está amenazada, paralizándose y ante los ojos impasibles del Gobierno porque no está haciendo nada y parece muy cómodo con esta situación”, refirió.
Recordó -por ejemplo- que Las Bambas empezó a producir recién hace cinco años, de los cuales prácticamente un año entero ha sufrido interrupciones por la toma de carreteras. “Las Bambas ha hecho su mejor esfuerzo por evitar paralizar la actividad productividad ante la absoluta impasividad del Estado, que es lo preocupante”.
Para el empresario minero lo que les genera aún más preocupación es que está situación de pasividad de la administración Castillo está generando la postergación de proyectos y paralización de operaciones, en momentos que el ministro de Economía presenta su proyecto de reforma tributaria, para elevar el impuesto a la renta que paga el sector minero. “No se entiende. No hay ninguna lógica”, comentó. “A quién les va a cobrar si está situación está espantando a todos. No entienden o no quieren entender. Quien pierde es el Perú”. alertó.
Francke apunta a elevar la tasa de Impuesto a la Renta (IR) a las empresas mineras con más del 80% o 90% de margen operativo. Al respecto, el también expresidente del gremio minero energético consideró que las facultades que está solicitando el titular de Economía “no son para mejorar las condiciones de recaudación o las condiciones para cobrar impuestos sino que está pidiendo facultades para modificar las tasas de impuestos, lo que es absolutamente inaceptable”.
En opinión de Gálvez si a ello se apunta, entonces el ministro debería definirlo conjuntamente con el Congreso. “Esta claro que no quieren tener ningún control político”, reiteró. Añadió que ya existe una escala de impuestos en función a los márgenes de utilidad operativa como ocurre con el Gravamen Especial a la Minería creado el 2011 y que se aplica sobre la utilidad operativa trimestral y la tasa efectiva se establece en función al margen operativo.
“Eso ya vio en el año 2011, en situación de bonanza de precios. En estos momentos se recauda casi el 50% de la renta generada en favor del Estado y si los precios/márgenes suben más, serán más alto. Esto ya está previsto y el ministro lo sabe. Lo que tiene que hacer es reactivar la economía, fomentar la inversión y atraer capitales para generar más actividad económica con lo cual habrá más utilidades y con ello más impuestos”, mencionó.
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